— El sistema de videovigilancia del C-5 y el sistema de telecomunicaciones no tienen reparación
— Incluso el CERESO de las cruces requiere reparaciones estructurales
— Pide apoyo extraordinario al Congreso por mil 091 millones de pesos
Rogelio Agustín
El huracán Otis destrozó todos los equipos de video vigilancia, telecomunicaciones, los cuarteles de la Policía del Estado y el CERESO de Acapulco, por ello, al comparecer ante comisiones del Congreso local, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Evelio Méndez Gómez solicitó un financiamiento extraordinario de mil 091 millones de pesos, para reactivar de manera urgente los servicios y equipos afectados.
En la apertura de una comparecencia que se desarrolló en privado, ante las comisiones unidas de Seguridad Pública y Derechos Humanos, el capitán Méndez Gómez habló sobre el impacto que el huracán nivel 5 representó para el sistema de seguridad pública estatal.
“El huracán Otis dañó la infraestructura y equipos de video vgilancia del C-5 de Acapulco, el sistema de telecomunicaciones, los cuarteles de la Policia Estatal y del Centro de Reinserción Social, todos sufrieron daños que en su gran mayoría no tienen rearación”, dijo el titular de la SSP.
Agregó que de acuerdo con el diagnóstico que se tiene, los daños mencionados ascienden a mil 091 millones 556 mil 888 pesos.
Y vino el planteamiento: “Por eso, al comparecer ante este Congreso, solicito apoyo institucional para gestionar recursos extraordinarior para la reactivación urgente de estos servicios, que atienden llamadas de emergencia y denuncia anómina, principalmente en Acapulco, Costa Chica y Costa Grande”.
Las reparaciones requeridas, van en el sentido de garantizar además el servicio de telecomunicaciones para las operaciones de las instituciones policiales que operan en esas regiones.
La exposición de los daños provocados por el huracán al sistema de Seguridad Pública se dio en la exposición que los diputados permitieron que se transmtiera a través de la plataforma oficial del Congreso.
En el inicio de la comparecencia, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Joaquín Badillo Escamilla había dado a conocer que los trabajos se desarrollarían en privado.
Por esa razón, se pidió que todas las personas que no fueran diputados o sus colaboradores abandonaran la sala José Francisco Ruiz Massieu.
También se pidió apagar todo dispositivo que permitiera grabar o transmitir lo que ahí se dijo, argumentando cuestiones de seguridad para el estado y el país.