— Lo acorralan y despojan de sus pertenencias
— Tomo gráficas de retén en Cuajinicuilapa
Javier Trujillo
Acapulco, Gro. – El reportero del diario Alternativo, Javier Reyes, fue amenazado por efectivos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) cuando tomó fotografías en un retén que instalaron agentes ministeriales.
El corresponsal, Javier Reyes, relató que habitantes de esta localidad costera en la región de la Costa Chica de Guerrero, alertaron que nuevamente los agentes ministeriales estaban revisando vehículos en la carretera federal.
Detalló que inmediatamente se trasladó al sitio y observó a los agentes ministeriales que revisaban una camioneta Nissan NP 300, blanca, acción que constantemente realizan en esta localidad, causando molestias entre la ciudadanía que con frecuencia denuncia los abusos.
Por lo cuál, decidió tomar unas gráficas para documentar el actuar de los uniformados de la Fiscalía General del Estado, que recientemente, anuncio que estaban prohibidos este tipo de retenes.
«En ese momento, un elemento de la Policía Ministerial, en forma intimidatoria se dirigió a mi persona, por lo que corrí al interior de un negocio particular, lugar hasta donde ingresó el policía ministerial, para amenazarme con detenerme», contó el periodista Javier Reyes.
Otro agentes ministerial, le jaló su mochila que contiene objetos propios de su labor informativa, tratando de arrebatársela, mientras le profería insultos, hasta que el reportero le reclamó, y rechazo que lo revisara sin ninguna justificación.
El principal responsable de la agresión al reportero, fue aparentemente el jefe de grupo, quien portaba un chaleco color gris, y que con voz enfática le dijo que hablaría con su jefe.
Al final, el agente de chaleco gris le gritó a su compañero de la PIM, mientras que otro elemento con un celular le tomó varias fotografías y vídeo al periodista y también al dueño del negocio.
Por lo anterior, Javier Reyes, hace un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE), a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que se tomen las acciones necesarias para evitar que sigan ocurriendo estas agresiones, violación de derechos humanos, actos de intimidación al trabajo periodístico y se informe que los retenes son ilegales.