– También rechazan nexos con otras policías Comunitarias
– Aseguran que el Gobierno actual solo simula atender los ataques en las comunidades de la Montaña Baja
Jesús Dorantes
Chilpancingo , Gro .- El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) se deslindó de cualquier nexo con el crimen organizado, así como de todas aquellas policías comunitarios que utilizan y entrenan a niños para negociar con el Gobierno.
En rueda una rueda prensa que se desarrollo jornada en la cancha techada de la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa, la dirigencia del CIPOG-EZ acusó a las autoridades del Estado y la Federación de permitir a los grupos criminales, operar en las comunidades de la Montaña Baja.
«Nuestro posicionamiento es claro y contundente, el gobierno de Guerrero está aliado con los grupos narco-paramilitares; con Los Ardillos, con Los Rojos y con todas los demás grupos que viven del sufrimiento de las comunidades».
Esto, aseguró el representante de la CIPOG-EZ, Jesús Plácido Galindo, es visible, ya que a pesar de sus denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por los ataques de los grupos antes mencionados, así como el reporte de la desaparición forzada de sus dos compañeros; Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, no existe una respuesta alguna.
Señalaron que la presencia de la titular de la Fiscalía General, Sandra Luz Valdovinos Salmerón no representó ningún resultado para ellos.
En días pasados, circuló en redes sociales un video en el que los dos policías comunitarios, integrantes del CIPOG-EZ son torturados e interrogados, acusando a sus MISMO compañeros de tener nexos con el crimen organizado.
Acusación de la que se deslinda el Consejo Indígena de manera contundente, denunciando que sus compañeros están dando declaraciones bajo tortura y ante tales pruebas, no se tienen avances en la investigación.
Y esperan que no se sumen a los 34 muertos y 15 desaparecidos que han cobrado hasta ahora los enfrentamientos y ataques de los grupos conocidos como «Los Ardillos» y «Los Rojos».
Ya que el pasado lunes 7 de febrero, el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una petición de acción urgente a favor de Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez al Estado Mexicano.
Por otra parte, también se desmarcaron de los policías comunitarios como los de la Casa de Justicia de Ayahualtempa, que aseguran: «se han montado en el movimiento popular, en las policías comunitarias, a quienes utilizan a los niños para negociar con el gobierno».
Hicieron un llamado al Gobierno Municipal, Estatal y Federal, para dar pronta acción a la solicitud de la ONU, sus demandas de seguridad y responsabilizar a las autoridades por lo que ocurra en sus comunidades.