— Así lo consideró el dirigente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera
Rosario García Orozco
La desaparición forzada de personas es un problema que viene desde hace 5 décadas o más, ha quebrado el estado de derecho en Guerrero, y no se ha podido resarcir precisamente porque no hay castigo a los responsales, máxime cuando son agentes del estado, consideró el dirigente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
El el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, que se conmemora el 30 de agosto, el defensor de los derechos humanos en la región de La Montaña, mencionó que en Guerrero «hay un mar de impunidades» en lo que se refiere a la desaparición forzada, y no hay una ley al respecto, solo se cuenta con la Ley Federal, pero no resuelve los muchos temas que registra esta entidad.
Por lo que insistió en que es urgente la aprobación de la Ley de Desaparición Forzada por parte del Congreso Local, que ya tiene mucho tiempo que está en el análisis y discusión pero no se ha concretado.
En México se cuenta con el registro de por lo menos 130 mil desaparecidos, de acuerdo con lo que han informado los colectivos de familiares de desaparecidos, de los cuales más de 6 mil son en el estado de Guerrero.
Los mismos colectivos informaron que desde septiembre del 2022 se dio inicio con las búsquedas en campo por parte de los familiares de desaparecidos, porque aseguran que las autoridades estatales y federales no lo están haciendo, mientras que en 2023 empezaron con las búsquedas en vida, que consisten en la visita a diferentes lugares como reclusorios, clínicas de rehabilitación, clínicas psiquiátricas y hospitales, así como la pega de fichas de búsqueda en espacios públicos.
En 2024 la Comisión Estatal de Búsqueda y algunos colectivos de familiares desaparecidos llevaron a cabo una estrategia a la que se le llamó «Semáforo en rojo», para recorrer ciudades como Tlapa, Chilapa, Iguala, Taxco, Zihuatanejo, Acapulco, Tecpan de Galeana, Zumpango, Ayutla, Tierra Colorada y La Unión, así como algunas del estado de Morelos, para realizar búsquedas en campo.
Abel Barrera reiteró que hace falta que se haga justicia a las familias de desaparecidos, que es la exigencia de distintos colectivos de desaparecidos ante las instancias en matera de seguridad, «pero también ante el Congreso Local, urge que la Ley de Desaparición Forzada sea aprobada».
Agregó que a más de 50 años de padecer desapariciones de cientos y miles de personas en Guerrero «es inconcebible que haya un Congreso que no tenga oídos ni sensibilidad para atender esa demanda, que es histórica y vigente. La mejor manera de honrar a los desaparecidos por parte del Congreso Local es Legislar sobre esta Ley en materia de desaparecidos».