— Los diputados locales reconocen que el problema existe, afectando a niñas, niños y adolescentes
Rogelio Agustín
La Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso de Guerrero analiza una iniciativa encaminada a establecer mecanismos de prevención, detección, atención y sanción del maltrato y abuso sexual infantil en el entorno escolar, fenómeno que existe y no se ha logrado erradicar.
La intención del Congreso, es poner en marcha protocolos interinstitucionales, capacitar al personal educativo y proporcionar el acompañamiento integral a las víctimas, para garantizar entornos seguros y libres de violencia.
La iniciativa fue propuesta por la diputada Ana Lilia Botello Figueroa, a la cual se adhirió la diputada Glafira Meraza Prudente.
En la exposición de motivos, se destaca que en las escuelas de la entidad se han identificado diferentes conductas que generan situaciones de riesgo para el alumnado, como el acoso, abuso sexual y maltrato.
La diputada Botello Figueroa sostiene que las y los menores enfrentan situaciones sociales como la inseguridad, la violencia, la ruptura de lazos afectivos dentro de la familia y la sociedad, lo que genera en muchos casos el abandono escolar.
En la iniciativa se identifica que niños, niñas y adolescentes se encuentran en situaciones difíciles tanto dentro de sus hogares como en el ambiente social en el que se desenvuelven, llegando incluso, a reproducirse dichas problemáticas en las instituciones educativas.
A partir de dichos problemas, las autoridades educativas buscan mecanismos que les permitan enfrentar y atender dichas situaciones, con el objetivo de proteger al alumnado de Educación Básica, principalmente, destacando en el diagnóstico oficial la implementación de protocolos claros de prevención, detección y actuación para proteger a los menores, promoviendo una convivencia escolar armónica, segura y garantizando el derecho de los estudiantes a vivir libres de violencia.
En la propuesta se aseguta que el problema persiste en las escuelas, afectando el derecho que las niñas, niños y adolescentes tienen a vivir en un entorno libre de violencia, por lo que la detección temprana e inmediata por parte de las autoridades educativas, son acciones fundamentales y necesarias que pueden prevenir y, en su caso, minimizar el daño.
Si la iniciativa se aprueba, el Gobierno de Guerrero y los municipios estarán obligados a adoptar medidas necesarias para la recuperación física, psicológica y emocional, así como la restitución de derechos de niñas, niños o adolescentes que hayan sufrido algún daño físico, psicológico o sexual, brindando el acompañamiento y tratamiento médico o psicológico necesario y adecuado.
La finalidad es lograr el pleno ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana.