Rosario García Orozco
Chilpancingo, Gro., 5 de abril del 2022.- La diputada priísta, Julieta Fernández Márquez, informó que los foros y consultas sobre la legalización del aborto en Guerrero no se han realizado porque “hay gran diversidad de posiciones entre la ciudadanía”, sobre ese tema, lo que no permite que avance ese proceso legislativo.
Agregó que actualmente el Congreso local procesa otros temas que tienen plazo perentorio, como la consulta a pueblos indígenas y afromexicanos, y la Ley Laboral, por lo que los legisladores están concentrados en esos casos.
A principios de este año, tres diputadas de Morena presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para establecer la interrupción legal del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación, y para que mujeres o adolescentes puedan continuar o interrumpir su embarazo de manera legal y segura, de tal manera que se evite que sean criminalizadas garantizando el acceso a los servicios especializados.
Al respecto Fernández Márquez recordó que luego de varias protestas generadas por la presentación de la iniciativa, solicitó a la Comisión de Justicia, a cargo del proyecto, realizar foros y consultas, particularmente con especialistas, pero hasta el momento no se han realizado.
Reconoció que los legisladores tienen una deuda con la población porque no hay políticas públicas para la prevención de embarazos y para el cuidado de las mujeres que están embarazadas.
Agregó que se necesita primero que los gobiernos de los tres niveles, atiendan principalmente la prevención y el cuidado de la maternidad.
Explicó que en estos momentos están detenidos tanto la iniciativa como la propuesta de los foros, pero insistió en que es importante la opinión de la ciudadanía «porque la promoción del aborto le está restando autoridad a los padres de familia para prevenir el embarazo, sobre todo en adolescentes».
Julieta Fernández insistió en su rechazo a la iniciativa que ahora se encuentra en la Comisión de Justicia porque, “no pone un límite de cuántos abortos se pueden realizar en un año, ni a la edad gestacional del bebé, es decir, se puede abortar a las 12 semanas, pero no hay ninguna sanción después de las 12 semanas. Eso genera que la mujer corra grave peligro de abortar un niño mayor de 3 meses de embarazo”, insistió la legisladora.
Dijo que el Fondo Monetario Internacional obliga a los gobiernos a realizar políticas de aborto y que por eso América Latina tiene mucha presión; «van a tener que generar fondos públicos para el aborto y eso genera promoción y una comercialización del aborto”.