— En el proceso de consulta sobre las leyes 701 y 777, en materia de Derechos y Cultura Indígena, así como en materia de Seguridad Pública
Rogelio Agustín
El coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón sostuvo que el protocolo encaminado a cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en materia de Derechos y Cultura Indígena, así como de pueblos Afromexicanos y Seguridad Pública se aprobó hasta que los diputados locales supieron que la permanencia en sus cargos estaba en peligro, por las implicaciones que tiene el desacato a un mandato del máximo órgano jurisdiccional del país.
Apreza Patrón, señaló que apenas se tiene un margen de 45 días para realizar un proceso de consulta que debió comenzar desde mayo de 2021.
Si bien la sentencia de la SCJN implica trabajar en materia de Derechos y Cultura Indígena, así como de Seguridad Pública, también se debe reformar el artículo 14 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, además de la Ley Estatal de Educación y la ley electoral del Estado de Guerrero.
Lo urgente, dijo que es la consulta sobre la ley 777, de Seguridad Pública y la 701, que es la de Derechos y Cultura Indígena.
“Son dos resoluciones que el Congreso debió atender desde mayo del año pasado; sin embargo, no fue así y hoy tenemos el tiempo en contra. Tenemos escasamente 45, 48 días para poder desarrollar todo el proceso de consulta a los pueblos indígenas y poder aprobar en el Congreso estas leyes”, señaló.
Dijo que resulta importante que la jornada del martes se haya logrado la aprobación del protocolo para realizar la consulta, lo que ya implica un ejemplo de lo que debe de ser la ruta del Congreso, pues eso implica que diputadas y diputados se olvidaron de temas partidistas y de ambiciones personales, para centrar su actuar en el trabajo que deben realizar como representantes populares.
Sin embargo, destacó que el acuerdo se consiguió por una razón muy sencilla; “está en riesgo la posible destitución de diputadas y diputados e incluso de la propia gobernadora”.
Lo anterior, porque el desacato a las sentencias de la SCJN puede derivar en la destitución de los servidores públicos, lo que al final permitió que se generara un acuerdo, que perfiló la construcción de un esquema general para garantizar un proceso de consulta amplio y plural, que respeta a los pueblos originarios y afromexicanos.
Apreza refiere que lo aprobado el martes, es apenas el primer paso, pues hace falta elaborar un programa detallado de trabajo, en el que deberán involucrarse todos los diputados locales y parte importante de la estructura del Gobierno del Estado.
“Me comentaban algunas diputadas y algunos diputados que estaban preocupados por el riesgo de ser destituidos, por lo que preguntaban lo que podían hacer para cumplir y evitar ese riesgo”, indicó.
Los trabajos que van en la ruta de cumplir con lo ordenado por la Suprema Corte deben estar listos para el 13 de abril a más tardar, de tal manera que lo que viene, son días en los que se verá un despliegue importante de diputados y representantes del Gobierno de Guerrero en las zonas en que se lozalizan los pueblos originarios.