– Los artefactos lanzados por los normalistas rurales pudieron generar lesiones más graves
– La Policía del Estado no debió revisar los autobuses, por estar en una zona federal
Rogelio Agustín
El dirigente de los jubilados de la Fiscalía General del Estado (FGE), Anastasio Hernández solicitó que no se criminalice a los cuerpos policiacos que acudieron a contener a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la jornada del viernes 4 de febrero en la Autopista del Sol, pues por el tipo de artefactos que se les lanzaban, pudieron sufrir consecuencias graves.
El ex comandante de la Policía Judicial del Estado, sostiene que lo sucedido en la carretera de cuota no es algo nuevo, aunque manifestó que el 4 de febrero resurgió pero con más fuerza.
Si el tráiler que se lanzó contra los cuerpos de seguridad hubiera hecho blanco en personas inocentes, como los comerciantes que tienen puestos de comida cerca del módulo en que la unidad se impactó, el ex jefe policiaco sostiene que en estos momentos se estaría viviendo un momento de verdadera inestabilidad en Guerrero.
No criminalizar al policía
La entrevista con Anastasio Hernández se realiza porque él busca el espacio en los medios, su argumento consiste en que hasta el momento, después de lo sucedido en la caseta de Palo Blanco: “Nadie ha entrevistado a los policías heridos que hay, el Gobierno también les pone mordaza a los elementos de la estatal y de la federal”.
El dirigente de los policías judiciales y agentes del Ministerio Público jubilados, sostiene que las ideas con la que llegaron los estudiantes a la caseta de peaje “de ninguna manera eran positivas”.
“Desde el momento en que arman una molotov con clavos, púas, pues tenemos un arma mortal porque es prácticamente una granada que te puede matar en ese instante, si te impacta de lleno y no estás protegido…el policía va a esos eventos solo con su tolete y su escudo”, anotó.
Para el ex mando policiaco, las confrontaciones en ese tipo de hechos, siempre son desiguales, pero a diferencia de otros actores, el refiere que la desventaja opera en contra de los uniformados.
Luego expuso: “Lo que muchos no saben, porque los policías nunca ejercen el derecho de réplica, es que si le llegan a amputar una pierna o un brazo, sus mandos y el Gobierno como tal se van a olvidar de él, entonces empieza un peregrinar en el que se afecta a toda la familia”.
Indicó que en la organización de jubilados que representa, hay personas amputadas de brazos y de piernas, a los que desde hace más de diez años no se les cubren sus beneficios.
“No les han pagado ni un centavo”, apunta.
Dijo, que los políticos que se benefician de ese tipo de hechos, ya deben sacar las manos de los conflictos.
El error de la Normal Rural, dijo que principalmente consiste en permitir que haya personas que se aprovechen de sus causas para cometer excesos.
Respecto al tema de la infiltración, que fue planteada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Anastacio Hernández destaca: “Si en verdad hay grupos de la delincuencia organizada metidos ahí, ¿Entonces dónde está el trabajo de inteligencia? ¿Por qué se deja avanzar una cosa tan grande? Eso no debe quedar en una declaración”.
El secretario de Seguridad Pública se equivocó
Respecto a lo sucedido el viernes 4 de febrero, señaló que hubo una acción que claramente se debe reprochar al actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Evelio Méndez.
“Si la Policía del Estado va de apoyo a una zona federal, como es la Autopista del Sol, pues hacemos lo que podamos por contener a los estudiantes, pero no tengo que hacer ninguna revisión, eso a lo mejor se justifica en el Parador del Marqués, donde todavía es el interior de la ciudad, pero la autopista ya es territorio federal, ahí era competencia de la Guardia Nacional, no hubo respeto al ámbito de competencias”, aseveró.
Insistió en que lo sucedido en la Autopista del Sol no es nuevo, pero se tienen experiencias muy duras para el estado de Guerrero que han derivado de hechos similares, como el caso Aguas Blancas, en 1995 y el propio 26 de septiembre de 2014, en Iguala.
“Hay casos en los que se ha desestabilizado al estado, pero ahora, por lo que se ve, quieren desestabilizar al país”, apuntó.