— Fueron detenidos el 20 de agosto, por la supuesta comisión de delitos como terrorismo y portación ilegal de arma de fuego
— Dice Tlachinollan que la FGR no acreditó ninguno de los cargos imputados
— Denuncia intento de criminalizar a la Policía Comunitaria de Tixtla, que ya no existe
Rogelio Agustín
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), Tlachinollan confirmó que los hermanos José y Claudia Molina González salieron del penal de Chilpancingo la media noche del martes 26 de agosto, a seis días de que fueran aprehendidos, acusados de los delitos de terrorismo, portación de arma de uso exclusivo del Ejército y delitos contra particulares, entre otros.
La noche del miércoles 27, el CDHM dio a conocer que los hermanos de Gonzalo Molina, fundador de la policía comunitaria de Tixtla recuperaron su libertad a las 23:00 horas del martes, en lo que el organismo señala, es un claro ejemplo de criminalización hacia la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), aunque en Tixtla ya está desmantelada.
Detalló que José y Claudia fueron imputados por los delitos de terrorismo, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, portación de arma sin licencia y delitos contra particulares, sin embargo, no fueron vinculados a proceso porque no hubo elementos suficientes para ello.
El pasado 20 de agosto, José Molina, quien fue coordinador de la casa de enlace de la policía comunitaria de Tixtla de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) en Tixtla, fue detenido en la Ciudad de México por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), cuando se presentó a realizar unos trámites de su centro de trabajo.
La orden de aprehensión ejecutada en su contra, está relacionada con la causa penal 59/2013, misma que fue liberada por el juzgado séptimo de distrito en Chilpancingo, inicialmete contra su hermao Gonzalo, él, su hermana Claudia y otras personas.
Tlachinollan recordó que en agosto del 2013, siendo gobernador Ángel Aguirre Rivero, la casa de justicia de la CRAC-PC de El Paraíso, municipio de Ayutla sufrió una embestida por parte de las fuerzas armadas con el argumento de que tenían personas en reeducación de Olinalá y de Tixtla, a las que no se les respetaban sus derechos humanos.
Refiere que al lugar arribron elementos del Ejército Mexicano, la Marina y La Policía del Estado con tanquetas como si se tratara de un escenario de guerra.
Fue así como detuvieron a decenas de indígenas, entre ellos a Gonzalo Molina; Nestora Salgado García y Arturo Campos.
Ante dichas detenciones, de inmediato se generaron protestas para exigir la libertad de los coordinadores y policías comunitarios.
“En Ayutla de los Libres y Tixtla se toma el ayuntamiento, pero el gobierno federal los criminalizó, hostigó y les armaron los delitos”, sostiene Tlachinollan.
Fue con esas causas que se obtuvieron las órdenes de aprehensión que derivaron en la captura de José Molina, a quien trasladaron a Chilpancingo, lugar en el que permaneció sin que sus familiares supieran de su paradero y sin saber de qué era acusado.
Para las 05:00 horas del jueves 21 fue ingresado al penal, su hermana Claudia y familiares acudieron el Cereso de la capital de la entidad para buscarlo, pero en lugar de darles respuestas agentes ministeriales la detuvieron y la llevaron al reclusorio por los mismos delitos.
Para el viernes 22 les debían tomar la declaración, pero ellos se reservaron el derecho porque no sabían de qué se trataba.
Además, los abogados de Tlachinollan, en particular Rogelio Telliz necesitaban revisar el expediente para poder aportar las pruebas como defensa, mismas que este 26 de agosto tuvieron la fuerza suficiente para darles la razón y que salieran libres.
“A José y Claudia Molina no les probaron nada”, señala el comunicado que el CDHM emitió la noche de este miércoles.
La defensa de Tlachinollan probó que no hubo ningún testigo. La ex policía federal fue al lugar de los hechos, pero no pudo recabar ninguna entrevista de los ciudadanos y ciudadanas.
La protesta de agosto de 2013, se señala que estaba debidamente legitimada ante la población.
Para Tlachinollan no hay detenciones fortuitas ni aisladas, al contrario, lo que existe es la intención “de aplastar las luchas de los pueblos indígenas y afromexicanos. A pesar de que hay derechos constitucionales reconocidos limitados pareciera que en el plano real hay un retroceso, criminalizando a la policía comunitaria y dejando en el olvido a las comunidades indígenas”.