— El presidente de la JUCOPO, Jesús Urióstegui sostiene que también se cumple con la defensa del Debido Proceso
— A pregunta expresa, se reserva el derecho de mencionar el partido en que milita el alcalde acusado
Rogelio Agustín
El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso local, Jesús Uriostegui García defendió la secrecía en el juicio de procedencia solicitado por la Fiscalía General del Estado (FGE), bajo el argumento de respetar el debido proceso, mantener la gobernabilidad y evitar que haya un linchamiento mediático contra el alcalde sujeto a juicio.
En las instalaciones del Congreso local, Uriostegui García sostuvo que mantener la secrecía en el tema, es un acuerdo adoptado por todos los partidos políticos representados en la JUCOPO.
Dicho acuerdo, destacó que de inicio va en el sentido de respetar el debido proceso, para efecto de que todos los pasos que se den sean firmes.
También, señaló que se tiene la convicción de impedir que la difusión del caso genere un linchamiento político en contra del servidor público que será sujeto al procedimiento, pues llegado el momento se tendrá que garantizar el derecho de audiencia.
A pregunta expresa, indicó que la determinación está apegada a derecho.
Indicó que los detalles de la solicitud presentada por la FGE el pasado martes 1 de abril los tiene el presidente de la Comisión Instructora, Arturo Álvarez Angli, quien hasta el momento no los ha citado a sesionar para analizar, discutir y probablemente emitir un dictamen sobre el tema.
También señaló que la secrecía sobre el asunto, va en la ruta de cuidar el ambiente de gobernabilidad en la entidad.
La jornada del miércoles 2 de abril, el presidente de la Comisión Instructora reveló que el Juicio de Procedencia va dirigido en contra de un alcalde, pero se abstuvo de dar a conocer la región en la que se encuentra el municipio.ç
Este jueves, al presidente de la JUCOPO se le preguntó el partido en el que milita el presidente sujeto al procedimiento legislativo, de lo que tampoco emitió respuesta.
Lo que sí anticipó, es que independientemente del instituto político que haya impulsado al primer edil acusado, ningún grupo parlamentario ni representación de partido habrá de ejercer algún tipo de protección.
La intención, es que cada paso que se dé en el procedimiento legislativo esté sustentado en la ley, genere cosenso y no propicie una situación de linchamiento mediático.