— No hubo consulta real por parte del Poder Legislativo
Rogelio Agustín
Representantes de las casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) acusaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar una consulta simulada por parte del Congreso local, en materia de derechos y cultura indígena y pueblos afromexicanos, ya que no se cumple con los parámetros establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En Chilpancingo, Raúl Cabrera, coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán; Jesús Cesáreo Sánchez, de Las Juntas, Caxitepec y Martín Rosales, de Espino Blanco, acudieron a exponer, junto con sus abogados Vidulfo Rosales Sierra y Rubén Cayetano García, la irregularidad en que incurrió la SCJN al avalar la consulta realizada por el Congreso de Guerrero en materia de Derechos y Cultura Indígena.
En términos llanos, señalaron que la consulta en materia de derechos y cultura indígena y pueblos afro mexicanos, realizada por el Congreso local no cumple con los parámetros del acuerdo 169 de la OIT, de tal manera que la SCJN al darle su respaldo avaló una simulación, que golpea severamente al sistema de seguridad pública y administración de justicia que tenían los pueblos en donde existe la CRAC desde 1995.
Consideraron que la resolución de la Corte se elaboró “en la comodidad de los escritorios de los ministros, pues se limitaron a revisar una serie de documentos fabricados por los diputados, en los que se asientan diálogos, asambleas y deliberaciones que en realidad no se llevaron a cabo.
Más aún, destacan que la SCJN no atendió los escritos que la CRAC y sus comunidades enviaron para hacer ver que el Congreso nunca habló de la iniciativa que se encontraba en el Congreso, tampoco realizó algún dialogo con las comunidades interesadas ni se les permitió trabajar en el desarrollo del protocolo de la consulta.
Denunciaron que fue personal “pagado por el Congreso” el que realizó la recolección de firmas, llevaron a cabo reuniones de manera presurosa, sin dar información a los pueblos y mucho menos aportaron información detallada sobre la reforma planteada.
“Con esa resolución, la SCJN flexibiliza los requisitos de la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos, permitiendo que las autoridades con simples trámites burocráticos, simule consultas que nunca se realizaron en los pueblos y comunidades, sin que se confirme si las comunidades fueron consultadas; dialogaron y tomaron decisiones libremente”.
Agrega: “Ahora las autoridades podrán llevar libremente a ante la SCJN un rollo de papeles diciendo que consultaron, yal procedimiento burocrático será avalado sin reparo por los ministros, con lo que se deja abierto el camino para que gobiernos y empresas nos sigan explotando y saqueando”.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra señaló también que se vulneró el principio de progresividad, ya que al abrogarse la Ley 701, aprobada en 2011, se desconocieron derechos que ya habían sido conquistados por los pueblos originarios y afromexicanos de Guerrero, en materia de seguridad pública y administración de justicia.
Retroceso histórico
El abogado Rosales Sierra sostuvo que se tenía la esperanza, de que la SCJN frenera el proceso de desmantelamiento que ha estado realizando el Congreso de Guerrero, al echar abajo una serie de conquistas que son fundamentales para los pueblos originarios de la entidad, particularmente en el caso de la Ley 701.
Reprochó que la bancada de MORENA, a pesar de ser mayoría en el Congreso local, no le haya dado el cauce correspondiente a la reforma en materia de derechos y cultura indígena.
La SCJN había dicho en su momento, que el Congreso no había cumplido en su momento con los parámetros establecidos en el convenio 169 de la OIT, pero fue la misma Corte la que avaló un trabajo mal encaminado por lo diputados.
“La Corte solo recibe documentos y con base a ellos dice que el Congreso cumplió, cuando eso nunca ocurrió en la vía de los hechos, ese ya es un gran error porque le da la espalda a los pueblos originarios”, sostuvo Rosales Sierra.
Dijo también que no se armonizó la legislación en materia de derechos y cultura indígenas entre el estado, el país y los acuerdos internacionales que existen en el ámbito de los pueblos respecto a la tierra, justicia y la posibilidad de ejercer autogobiernos.
Lo que viene, advirtieron los representantes de la CRAC, es una serie de movilizaciones para hacer valer los derechos que los pueblos tienen a su libre determinación.