— En 2011, tras el desalojo en que fueron asesinados Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, el ex titular de la SSP hizo todo para evitar que se investigara a la PF
— El ex procurador, Alberto López Rosas asegura que se intentó culpar a la Policía Ministerial y hasta se implementó un operativo en su casa
— Dice que la CNDH se puso del lado de la SSP y le dio la espalda a las víctimas
Rogelio Agustín
La impunidad en el asesinato de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, acribillados el 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol, es una deuda que el ex secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna tiene con el estado de Guerrero.
Alberto López Rosas, ex titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado, sostiene que el ex “policía número uno”, hoy declarado culpable de cinco delitos por un jurado en los Estados Unidos, tiene una deuda pendiente con el estado de Guerrero, por el encubrimiento que en 2011 ejerció a favor de elementos de la entonces Policía Federal (PF), a los que nunca se investigó por los asesinatos que se registraron en la entrada sur de Chilpancingo.
López Rosas sostiene que para encubrir a la PF, la estructura a cargo de García Luna maquinó una serie de hechos, entre los que se encuentra la desaparición y asesinato de un testigo protegido, el encarcelamiento injusto de la viuda de dicho personaje y hasta el intento de detenerlo en un operativo ordenado desde la Ciudad de México.
Más aún, sostiene que la impunidad que se impuso en los asesinatos del 12 de diciembre de 2011, generó las condiciones para que se desataran los ataques del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
La deuda de García Luna con Guerrero
En Chilpancingo, el también ex alcalde de Acapulco sostiene que los asesinatos de Gabriel Echeverría y Alexis Herrera Pino, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurridos el 12 de diciembre de 2011, representan una gran deuda que Genaro García Luna tiene con Guerrero.
En ese pendiente suma a Raúl Plascencia Villanueva, ex presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pues refiere que ambos alteraron lo sucedido en la Autopista del Sol.
“Ellos alteraron los acontecimientos, ocultaron pruebas y evidencias, modificaron la escena del crimen y trataron de salvar a la Policía Federal (PF), para inculpar a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero”, anotó.
Los asesinatos del 12 de diciembre de 2011, indicó que permanecen impunes y por lo tanto deben revisarse, para que se conozca en realidad que fue lo que pasó en la entrada sur de Chilpancingo.
El ex procurador refiere que la jornada del 12 de diciembre asumió la responsabilidad que tenía institución a su cargo, pero advierte que desde el principio hubo una actitud de avasallamiento de la PFP hacia la PGJ y su Policía Ministerial.
“Nosotros asumimos nuestra responsabilidad, pero cada vez que profundizábamos más, nos indignaba el avasallamiento hacia las autoridades locales”, anotó.
Recordó que ya el Poder Judicial de la Federación tuvo la oportunidad de analizar los hechos, de lo que deslindó completamente al personal de la PGE y su entonces titular.
Entonces, lo que queda en el aire es que alguien cometió los crímenes.
La Policía Federal es la que disparó a los normalistas
Indica que al revisar todos los elementos y evidencias que hay sobre los hechos del 12 de diciembre, se podrá establecer que la primera corporación que llegó fue la Policía Federal, además, los cuerpos de Alexis y Gabriel quedaron en dirección al punto en que ese personal estaba posicionado.
“Los estudiantes agredían con piedras, pero alguien agredía a balazos, en muchos videos está claro quienes dispararon y de manera brutal, incluso en contra de un autobús que estaba atravesado en la Autopista del lado norte a sur”, anotó.
Recordó que en su momento hubo 2 agentes de la Policía Ministerial en prisión, Rey David Hernández e Ismael Matadamas, pero tras de mostrar que no dispararon contra los normalistas recuperaron su libertad.
Hasta el momento no hay ningún detenido por ese caso.
Siempre encubrieron a la PF
López Rosas recuerda que en su momento, la SSP federal declaró que su policía no intervino en los hechos del 12 de diciembre, que por el contrario, cuando su personal arribó al punto conocido como “El Parador del Marqués”, lo que hizo fue hacer lo necesario para evitar que los hechos se alteraran.
“En muchos videos se ve, como uno de los elementos de la federal comienza a recoger los casquillos que se encuentran en el piso, esas evidencias fueron presentadas personalmente ante la CNDH, cuyo primer visitador me dijo que si bien es grave haber disparado, es más grave alterar las evidencias, pero posteriormente cambiaron la postura y la CNDH se convirtió en cómplice de Genaro García Luna”.
“El diablo” los inculpó, pero lo desaparecieron y asesinaron
El único testimonio que la PGJ tuvo en contra de la Policía Federal (PF) sobre los hechos del 12 de diciembre, fue Jaime Galván Rodríguez, trabajador de un taller mecánico ubicado justo frente a la zona en que se registró el desalojo.
“Le apodaban El Diablo, el afirmó que desde el taller donde trabajaba observó como se desarrollaron las cosas, la Procuraduría designó una perito para que determinara si efectivamente, desde su posición se podían observar los hechos, la perito dijo que sí era factible”.
A Galván Rodríguez se le decretaron medidas cautelares para salvaguardar su vida, pero a los pocos meses le fueron retiradas y posteriormente fue asesinado.
“Lo más lamentable es que culparon a su pareja, desde hace tiempo su pareja está privada de la libertad, no me consta, pero sí se amerita una revisión al caso para establecer los niveles de responsabilidad”, anotó.
Lo que hay detrás del 12 de diciembre, de acuerdo con el ex funcionario, es un manto de impunidad, de atropellamiento a la ley, con la intención de proteger a una corporación.
El operativo en su contra
“La mañana del 24 de febrero de 2012, mi casa fue rodeada por 50 elementos de la Policía Federal (PF), traían una orden de aprehensión que no pudieron ejecutar porque no llevaban Orden de Cateo, pretendieron conseguirla ya estando en el lugar pero nunca les llegó”, recuerda.
En el primer día hábil que pasó, acudió ante las autoridades correspondientes, lo que dio paso a una lucha jurídica de la que asume, al final de cuentas logró salir bien librado.
Los delitos que se le imputaron fue el de Encubrimiento y Contra la Administración de Justicia, pero en ninguno de os casos se corroboró, ya que tuvo la oportunidad de aportar los elementos necesarios en su defensa.
“Creo que fletar un avión con 50 elementos para intentar aprehenderme, demostró los niveles de prepotencia del poder público federal, que encubría Felipe Calderón como presidente”, anotó.
