— El militar es señalado de violación, tortura y allanamiento
— Después de 20 años, se hará justicia, dice abogado
Javier Trujillo
Acapulco, Gro. – La indígena Me‘phaa, Inés Fernández, violada y torturada por militares hace 20 años, en la comunidad indígena de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, exigió 30 años de cárcel para su agresor.
“Lo que yo pido como víctima –dijo su traductora– es que esta persona que está detenida, se le dicte una sentencia de por lo menos 30 años, a esta persona que me agredió sexualmente a mí, y que me torturó.
“Con esta sentencia condenatoria, sería darle justicia no solamente a mi como mujer Me´phaa, si no también a todas las mujeres indígenas que han sido víctimas de graves violaciones a sus derechos”, expresó Inés Fernández Ortega, al salir del juzgado de Distrito en Acapulco.
Añadió, en Ayutla de los Libres, región de la Costa Chica, hay un centro comunitario que está funcionando para evitar que otras mujeres indígenas pasen por lo que yo pase y han sido muchos años de lucha.
Fernández Ortega, llegó acompañada al juzgado segundo de distrito de Poder Judicial de la Federación, de su abogado Rogelio Teliz García, donde remarcó que lo único que está exigiendo es justicia.
Téliz García, dijo que este lunes se llevó a cabo una audiencia importante en un proceso penal que inició en el año 2013.
“Hace 20 años, Inés Fernández Ortega, mujer de la comunidad indígena de Ayutla, fue víctima de tortura sexual por parte del Ejército Mexicano, en un contexto de criminalizar y desaparecer las organizaciones.
“Desde ese entonces, Inés, inició una denuncia ante los tribunales del estado y de la federación, pero la llamaron chismosa, la llamaron mentirosa, hubo mucho hostigamiento por parte del Ejército y muchas amenazas para que se desistiera de su acusación”, recordó el abogado.
Ante la inacción de los tribunales en Guerrero y la federación, se denunciaron los hechos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue el único tribunal en el que logró escuchar y creyó a Inés Fernández.
Por lo anterior, la CIDH, condenó al Estado Mexicano el 30 de agosto del 2010 y que los militares fueran juzgados en el fuero civil, a partir de entonces se inició el proceso y se libraron ordenes de aprehensión.
Los delitos por los que fueron señalados los militares son violación, tortura y allanamiento de morada, por lo que el juzgado segundo de distrito fue el que conoció de los hechos, y se detuvo a dos militares.
“Uno de ellos fue Humberto García de León, y el otro Salvador Aguilar Otoniel, esté último falleció hace cinco años, misteriosamente en la prisión militar de la Ciudad de México, y quedó un militar.
“Hoy volvió a señalar al militar como responsable de haber cometido actos incorrectos en su persona. Entonces a partir de hoy, está en manos del poder judicial federal, hacer valer y hacer justicia a favor de una mujer”, insistió.
En Chilpancingo, el abogado Rogelio Teliz García, recordó el caso de la indígena Valentina Rosendo Cantú, que también fue violentada sexualmente y sentenciaron a tres militares a 35 años de prisión.
