— Su caso será llevado al Consejo de la Judicatura, advierte Vidulfo Rosales
Rogelio Agustín
El abogado del colectivo “Nos Faltan 43”, Vidulfo Rosales Sierra confirmó que el juez Primero de Distrito, Samuel Ventura Ramos ha actuado con un sesgo que favorece a personas vinculadas con los ataques del 26 de septiembte de 2014, en contra de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
La jornada del jueves, el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de la República, Ricardo Mejía Berdeja manifestó la determinación de proceder legalmente en contra del juez Ventura Ramos, quien ha facilitado la liberación de alrededor de 120 personas relacionadas con el caso Ayotzinapa.
Entre esos actos, se encuentra el que exoneró de la desaparición de los 43 al ex alcalde de Iguala, José Luis Avarca Velázquez.
Rosales Sierra reconoce que ahí existe una situación complicada, pues las resoluciones en su mayoría se sustentan en el hecho de que muchas declaraciones inculpatorias se obtuvieron de manera ilícita, pues fueron sometidos a tortura por órdenes de ex funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto.
“Se trata de pruebas que se obtuvieron mediante tortura y la manipulación de evidencia, en la que el juez declaró ilícitas esas pruebas, de tal manera que será difícil que se subsanen”, anotó.
Sin embargo, destacó que al seno del colectivo “Nos Faltan 43”, se observa que hay resoluciones en las que se incurre en la parcialidad.
Por ejemplo, dijo que en el caso de la absolución de José Luis Abarca y 19 elementos de la Policía Preventiva, se ha revisado y confirmafo que hay anomalías.
“Nosotros observamos que hay una irregularidad, existe una revisión parcial, inadecuada e indebida de las mismas, por lo que observamos cierto sesgo en sus resoluciones”, anotó.
A manera de ejemplo, recordó que hay resoluciones en las que le resta valor a las declaraciones de los padres y madres de familia de los normalistas, además de lo que han dicho los estudiantes que sobrevivieron a los ataques.
El argumento del juez, va en el sentido de que fueron aportadas en copia certificada que correspondían a otra averiguación, pero ese argumento de que no se puede incorporar, ya la hizo un juez anterior, pero atendiendo al criterio de que las pruebas se obtuvieron de manera ilegal.
En el caso de los padres y los compañeros de los 43, Vidulfo Rosales refiere que no fueron objeto de presión, por lo que debe existir otra valoración.
“En ese aspecto debió haber una valoración distinta del juez, lo que nosotros no vemos, ahí el juez incurre en una incongruencia”, aseveró.
El sesgo se confirma, cuando las declaraciones de Gildardo López Astudillo, mejor conocido como el testigo “Juan”, se toman en cuenta a pesar de que se toman de otro expediente, pero se considera que tiene valor jurídico.
“Nosotros observamos ahí una expresión de parcialidad, que en su momento deberá llegar al Consejo de la Judicatura”, anotó.
Aunque no aporta detalles, señala que el proximo 27 de septiembre cerrarán las protestas en la cabecera municipal de Iguala, por lo que sugirió a la poblaciòn mantenerse a la expectativa de lo que pueda suceder.