— La Fiscalía de Guerrero desglosó un expediente que involucraba al ex alcalde José Luis Abarca, su esposa y hermanos con el grupo delictivo que controlaba la región Norte de Guerrero
— Iñaky Blanco Cabrera sostiene que la PGR administró la investigación políticamente, para capitalizarla en la elección gubernamental de 2015
— Desde junio de 2013, el Gobierno de la República tuvo información suficiente pero ni actuó, asegura
Rogelio Agustín
El ex titular de la Procuraduría General del Estado (FGE), Iñaky Blanco Cabrera presentó la primera de tres partes de un texto en que sostiene que la Procuraduría General de la República (PGR), durante la gestión de jesús Murillo Karam tuvo conocimiento de la relación del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez con el grupo criminal Guereros Unidos (GU) mucho antes del 26 de septiembre de 2014, no procedió en su contra porque intentó administrar políticamente la información recibida de manera oficial, quería capitalizarla en la elección gubernamental de 2015.
El texto firmado por Blanco Cabrera se titula “simulación, confrontación, persecución y desvío de la indagatoria en el caso Ayotzinapa”, en él, hace notar que mucho antes de los hechos del 26 de septiembre de 2014, la PGR recibió el desglose de una investigación firme en contra del ex primer edil de Iguala, su esposa, María de los Angeles Pineda Villa y sus hermanos.
Se trata, de acuerdo con el abogado, de una información firme, que pudo evitar los ataques de la noche del 26 de septiemvre de 2014.
Iñaky Blanco refiere que mediante oficios 4218 y DGCAP/4345/2013, ambos del 12 de junio de 2013, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGEG) remitió a la Procuraduría General de la República (PGR), concretamente a la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), varios tomos de la averiguación previa HDI/SC/01/758/2013, que constaba de poco más de ocho mil fojas, que inició con motivo del homicidio cometido en agravio de Arturo Hernández Cardona y otros integrantes de la Unidad Popular de Iguala (UPI).
El 24 de abril de 2014, la FGEG entregó a la SEIDO el oficio 948 junto con la averiguación previa HD/SC/03/0470/2014, iniciada contra Ernesto Pineda Vega, miembro del Cártel Guerreros Unidos, como probable responsable del delito de secuestro.
El 2 de mayo de 2014, mediante correo electrónico, la PGR recibió copia de la declaración de Ernesto Pineda Vega, quien expuso, entre otras cosas, que el alcalde José Luis Abarca y su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez eran parte de la organización delictiva Guerreros Unidos y utilizaban a los sicarios y líderes de dicho cártel para secuestrar, desaparecer y matar a un innumerable número de personas.
Adicionalmente, Pineda proporcionó nombres, datos, fechas y ubicación de algunas fosas clandestinas en las que se enterró a personas secuestradas y desaparecidas, siendo ello corroborado por la FGEG al encontrar una de las mismas en terrenos situados en la colonia Lomas del Zapatero en la ciudad de Iguala, en cuyo interior se hallaron 19 osamentas. El declarante también indicó que Patricia Soto Abarca, esposa del M, Mario Casarrubias, es sobrina del Presidente Municipal José Luis Abarca, que el jefe de sicarios de Guerreros Unidos es el “May y/o El Choky y/o El Pelón”, que al jefe de sicarios de Pueblo Viejo le dicen el “Gil y/o El Gallero” (Gildardo López Astudillo) y que los hermanos Peralta Rodríguez y/o Peralta Benítez, conocidos como “Los Peques”, eran el brazo armado del mencionado grupo criminal.
Adicionalmente, en una parte del expediente del caso Ayotzinapa que a la fecha se ha hecho pública, se establece que en el mes de julio de 2014, la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la SEIDO, informó a su similar en la Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, sobre las averiguaciones previas donde estaban involucrados los hermanos Alberto, Mario y María de los Ángeles, todos de apellidos Pineda Villa.
Se trata de los hermanos de la esposa del ex alcalde de Iguala y quien se desempeñaba como presidenta del DIF de Iguala.
Para el 31 de mayo de 2013, Salomón Pineda Bermúdez acudió ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a denunciar el secuestro de su esposa María Leonor Villa Ortuño, por lo que se radicó la averiguación previa número FAS/T3/668/13-05.
Pineda Bermúdez señaló que cuando los secuestradores se comunicaron con él, le pusieron como condición que les diera el teléfono de su hija de nombre Ángeles, a lo cual él les contestó que no tenía buena relación ni con ella ni con su yerno José Luis Abarca. Como no les dio el número, los secuestradores llamaron a una sobrina de nombre Escarlet, quien declaró que además del teléfono de su tía, los sujetos en cuestión le pidieron 10 millones de dólares por concepto de rescate y “la plaza de Iguala” a cambio de la vida de la señora Villa Ortuño.
Trascendió después, que los plagiarios eran integrantes del cártel de La Familia Michoacana (FM).
De acuerdo con un video que circuló en redes sociales, mismo que obra en la indagatoria correspondiente, en el que se aprecia a una persona con los ojos vendados, la cual, al ser interrogada, dice llamarse María Leonor Villa Ortuño, y con lo que declaró José María Chávez Magaña (a) “El Pony”, lugarteniente de La Familia Michoacana detenido el 2 de julio de 2014 ante personal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la SEIDO: “me enteré que al Presidente Municipal de Iguala, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, no sé si le levantó a la suegra o a la esposa por que éste le debía un dinero.”
Había muchos elementos para detener a los Abarca y al GU
El texto del ex fiscal señala que hoy se tiene conocimiento de la existencia de múltiples averiguaciones previas en las que se involucra a integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos, destacando las iniciadas en razón de la detención de Cleotilde Toribio Rentería (a) “El Tilde” y Mario Casarrubias Salgado (a) “El M y/o El Sapo Guapo”, dadas a conocer en fechas 11 de julio de 2012 y 1 de mayo de 2014, así como de los padres de María de los Ángeles Pineda Villa, de fecha 6 de mayo de 2009, y con motivo del deceso de sus hermanos de nombres Alberto (a) “El Borrado” y Mario (a) “El MP”, acontecidos en el mes de septiembre de ese mismo año.
De acuerdo con la información generada y aportada por la FGEG, durante 2013 y 2014, la PGR contaba con muchísimo antecedentes, destacando entre ellos el concerniente a que la familia Pineda Villa estuvo ligada a los dos grupos criminales más violentos del país, en la década de los 90´s y 2000, que era el Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva y el Cártel del Pacífico, que encabeza Joaquín Guzmán Loera (a) “El Chapo Guzmán”.
Indica que la PGR asumió el compromiso de trabajar coordinadamente con la FGEG, la cual practicó diversas diligencias a fin de que, en cuanto se contara con los datos de prueba necesarios, la primera tendría que hacer valer el ejercicio de la acción penal en contra de José Luis Abarca y diversos integrantes de los Guerreros Unidos, en carácter de imputados por delincuencia organizada.
Sin embargo, sostiee que dicha acción nunca ocurrió y establece una hipótesis: “El asunto se fue administrando con la intención de capitalizarlo política y electoralmente a fin de recuperar la gubernatura del estado de Guerrero que el entonces partido en el poder (PRI) había perdido más de diez años atrás con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), como se expondrá más adelante”.
De la jugada política
En el documento redactado por el ex fiscal de Guerrero, se señala que ante la falta de una respuesta certera, respecto al momento en que la PGR procedería en contra de José Luis Abarca y los Guerreros Unidos, la FGEG entregó la información de mérito a la Policía Federal (PF), a la Secretaría de la Defensa Nacional y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, solicitando el apoyo de funcionarios adscritos a esta última institución para que el Ministerio Público de la Federación agilizará y determinará la indagatoria correspondiente.
El tema fue ventilado en distintos momentos ante los integrantes del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), de tal suerte que el 6 de agosto de 2014, el Delegado del CISEN presentó ante el mencionado órgano colegiado un documento denominado “Objetivos de Atención Especial”, puntualizando que había sido elaborado con información aportada por la PGR y la FGEG, “con especial referencia al entonces presidente municipal de Iguala José Luis Abarca”.
Asegura que el entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero sostuvo una conversación telefónica con el licenciado Jesús Murillo Karam, entonces titular de la PGR, a efecto de recordarle que resultaba necesario que esa autoridad realizara las diligencias correspondientes para detener a José Luis Abarca Velázquez, en el entendido de que el Gobierno Federal contaba con información relativa a los vínculos o involucramiento de esa persona con la organización delictiva Guerreros Unidos.
La respuesta de Murill Karam, fue en el sentido de que se contactara con la Subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio, entonces Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, para efecto de acordar la ruta a seguir.
Tal situación motivó que personal de la FGEG entablará comunicación telefónica con la licenciada Benítez Tiburcio, quien reiteró que el intercambio de información relativo a José Luis Abarca continuaría siendo directamente con la SEIDO.
El ex fiscal asegura: “Si se analiza todo lo expuesto, parece no existir justificación alguna para que la PGR hubiese sido omisa y actuado en consecuencia, más al tener presente que se trataba de un tema de delincuencia organizada del que le correspondía conocer legal y constitucionalmente”.
Y plantea la acusación: “Por lo tanto, todo parece indicar que la información generada por la FGEG se administró o guardó con la clara intención de capitalizarla en el ámbito político-electoral, esto es detener a José Luis Abarca en los momentos previos a la elección por la Gubernatura del Estado en 2015, tal como lo constató personal adscrito a la Unidad Antisecuestros de la PGR”.