— En el marco de la visita realizada por la relatora de la ONU para Derechos Humanos de los Desplazados Internos
Rogelio Agustín
Aunque en 2014 en Guerrero se impulsó una Ley Sobre Derechos Humanos de los Desplazados, dicho ordenamiento en realidad es “letra muerta”, pues muy pocas personas conocen su existencia y no considera la asignación de financiamiento, ni la aplicación de políticas públicas para atender a más de 22 mil personas que se encuentran en dicha circunstancia.
Abel Barrera Hernández, director de Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), señaló que el trabajo realizado por Cecilia Jiménez-Damary, relatora de la ONU para los derechos de los Desplazados Internos es en realidad importante, si se toma en cuenta de que a pesar de que se trata de un fenómeno creciente en Guerrero, en realidad es poco visible y hasta se ha criminalizado, lo que juega en prejuicio de las víctimas.
La relatora se encuentra en Guerrero, este miércoles tenía programadas reuniones privadas con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, también con víctimas de la parte baja de la Sierra, en el municipio de Chichihualco.
El director del CDHM, explicó que las causas del desplazamiento son diversas, pues tienen que ver con el impulso de los desarrollos de tipo turístico en las ciudades más importantes de la entidad, como Acapulco y Zihuatanejo, donde cientos de familias fueron despojadas de sus tierras bajo el argumento de detonar a la denominada “industria sin chimeneas”.
Los proyectos mineros representan otro factos que ha generado muchos prejuicios en los pueblos, particularmente en las regiones Centro, Norte y parte de la Tierra Caliente de la entidad.
Barrera Hernández admite que incluso, desastres naturales, como el huracán Paulina, en 1997, inclsuo Ingrid y Manuel en 2013 llegan a generar el desplazamiento involuntario de personas.
Pero en los últimos años el fenómeno repuntó de manera considerable a partir de la expansión de grupos del crimen organizado, además del reacomodo de cacicazgos en ciertas zonas de la entidad.
“Ante este problema, hay una evidente ausencia de las instituciones, faltan politicas publicas, hay además una actitud de desprecio hacia las familias afectadas”, anotó.
Recordó que en 2014 se impulsó una ley especial sobre el desplazamiento de personas en Guerrero, pero a pesar de las expectatuvas que llegó a generar, en realidad es letra muerta.
“Nadie sabe que existe esa ley, tampoco se dice en ella se debe proteger a las familas, no considera un fondo especial para garantizar los requerimientos básivos de familias que se desplazan, en realidad no hay nada para apoyarlos”, anotó.
En contraste, dijo que son las propias familias desplazadas las que se han tenido que movilizar, algunas han instalado plantones en la Secretaría de Gobernación, en tanto que otras han hecho lo propio frente a Palacio Nacional, los resultados de las manifestaciones han sido muy pocos.
“Los desplazados no solo ponen en riesgo su integridad cuando hacen lo necesario para ser visibilizados, también se les estigmatiza, ignora y criminaliza, incluso se les dice que son parte de la delincuencia”, indicó.
Aunque publicamente se dice que en Guerrero hay un aproximado de 22 mil personas desplazadas, Barrera Hernández sostiene que en realidad la cifra es mayor, pero no se conoce de manera puntal por miedo.
Por esa razón, saludó el hecho de que Cecilia Jiménez-Damary,
Relartora de la ONU sobre derechos humanos de los desplazados internos se encuentre en Guerrero, ya que la información que reciba debe ser objeto de una revisión detallada.