– Exigen ser incluidos en la planeacion, vigilancia y evaluación de los programas y acciones de los 3 niveles de gobierno
Rosario García Orozco
Chilpancingo, Gro., 17 de enero del 2022.- Guerrero es un estado fallido en materia de seguridad, luego del incremento acelerado de los índices delictivos, denunciaron comisarios ejidales y comunales del estado, quienes exigen a las autoridades de los tres niveles de gobierno ser incluidos en las estrategias de planeación, vigilancia y evaluación de los programas sociales que llevan a cabo.
En confierencia de prensa los líderes comunales insistieron en que es preocupante que se registren cada vez más hechos violentos como homicidios y robos en la mayoría de las regiones a pesar de que el gobierno del estado ha informado en sus medios oficiales que tiene interés en atender de manera prioritaria la zona rural.
Arturo García Jiménez, asesor general de la coordinadora de autoridades comunales y ejidales de Guerrero, lamentó que actualmente se encuentre la entidad como un estado fallido, «y que sea uno de los más complicados, no pobres eh, complicado para vivir».
cuestionó el por qué la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se viega a recibir a una comisión de representantes de las 154 autoridades comunales y ejidales, sobre todo porque esa actitud se contrapone a lo que dice en sus discursos, en torno a que gobierna con el puedo y para el pueblo, «no sabemos ni entendemos por qué se niega, nosotros vamos a seguir trabajando en los territorios, si los gobiernos siguen haciendo oídos sordos a esa petición sabremos que no les interesa el desarrollo pacífico de la población de Guerrero»
En tanto, Arquímidez Sandoval Vázquez, comisario de Las Vigas, confió en la «sensibilidad política de la gobernadora Evelyn Salgado y de su equipo para que se dejen ayudar, porque hasta ahorita no hay mucha relación con las comunidades».
Se dijo preocupado porque los gobiernos estatal y federal insisten en la dispersión de recursos económicos a través de programas sociales y becas, sin conocer los padrones de beneficiarios y sólo por cumplir con algunos compromisos con sus colaboradores o personas afines a su ideología, pero no con una estrategia real para fomentar el desarrollo del estado y sus habitantes, lo que sólo permite que haya tierra fértil para recrudecer la violencia.
Pobreza, precariedad, falta de oportunidades son la contant que genera homicidios de los jovenes, que nes soin cooptados por los grupos delincuenciales y terminan con sus vidas en unn ambiente de elevada inseguridad.
Los comisarios y autoridades ejidales dijeron que no es lo mismo la visión de escritorio que la de territorio, por lo que se necesita que haya trabajo a ras de tierra, revalorando el papel de las distintas autoridades como las asambleas comunitarias, de tal manera que se vigile quienes son los beneficiarios de los programas y las comunidades sepan con qué presupuesto cuentan para la realización de obra social prioritaria, solo de esa manera se transitará hacia la paz, y así se podrá emilinar la corrupción y el manejo clientelar de los programas coaiales.
De esa manera, sostuvieron, se podrán conformar los Cabildos Comunitarios como instancia de planeacion, vigilancia y desarrollo de las localidades, eso permitirá involucrar a los habitantes a cuidar las obras y dará fortaleza a las localidades para evaluar también a los funcionarios locales, estatales y federales.
El comisario ejidal de Atlixtac, Rubén Castillo Rivera explicó que es necesario incluir a las comunidades y los reales liderazgos locales, y recordó que la gobernadora Evelyn Salgado, en su última gira por La Montaña dijo: «no se trata de apagar el fuego con más fuego, sino de generar desarrollo en los pueblos», pero que eso suena muy bien, aunque no es una realidad en los hechos, porque no hay un avance real en materia de seguridad pública.
Los inconformes propusieron que se establezcan estrategias claras para avanzar en el combate a la delincuencia; con la conformacion de territorios de paz en zonas azotadas por la delincuencia, en donde se debe concentrar «el poder del estado», con la instalación de módulos de vigilancia con elementos federales y estatales, pero también programas de desarrollo para esos territorios, con la participación de autoridades comunitarias, con apoyo digno para las familias desplazadas, operación eficaz de los centros de salud y becas para jovenes.