– Tras la aprobación de reforma que sanciona hasta con siete años de cárcel a quienes tomen las casetas de peaje de carreteras de cuota
Rogelio Agustín
“Cárcel sí, pero para Capufe”, señalaron representantes de organizaciones sociales de Guerrero, al referirse a la reforma aprobada en el Senado de la República, que sanciona hasta con siete años de prisión a quienes toman bajo su control las casetas de peaje de las carreteras de cuota.
La jornada del viernes, representantes de organizaciones sociales de las siete regiones del estado, acudieron a Palacio de Gobierno para solicitar una audiencia de carácter urgente a la titular del Poder Ejecutivo local, Evelyn Salgado Pineda.
A la petición de audiencia llegaron integrantes del colectivo “Nos Faltan 43”; de “Los Olvidados de Ayorzinapa”, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello y entre otros, del Frente de Defensa Popular (FDP).
En la puerta de acceso al Palacio de Gobierno, aprovecharon el espacio para fijar una postura respecto a la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales aprobado en el Senado de la República, que considera sanciones de hasta siete años de cárcel a quienes incurran en la toma de casetas de peaje en las carreteras de cuota.
“Que se castigue con cárcel pero a los directivos de Capufe, pues el dinero que ahí se cobra no se está utilizando para el beneficio del pueblo”, señaló Clemencia Guevara Tejedor, dirigente del FDP.
Para la representante del Frente Popular, es evidente que con dicha se reforma se criminaliza la lucha social, pero de ninguna manera se toca a los responsables de las instituciones que por incumplir con sus funciones, provocan la inconformidad de la gente, que recurre a la protesta para hacer valer sus inconformidades.
Francisco de Jesús Echeverría, vocero de “Los Olvidados”, señaló que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no debe olvidar que en su momento, cuando era oposición, impulso movilizaciones fuertes, tanto en su natal Tabasco como en otras partes del país.
En el caso de Marco Antonio Suastegui Muñoz, vocero del CECOP, se debe hacer una convocatoria a todas las organizaciones de Guerrero para integrar un frente común, pues hace ya más de dos meses que han solicitado audiencia a la gobernadora Salgado Pineda, sin que hasta el momento se les atienda.
“Nosotros somos los que votamos por ella, sacamos de Casa Guerrero al PRI y también de Palacio, pero no va a servir de nada si no tenemos un gobierno que verdaderamente tenga actitudes de izquierda”, manifestó.
Francisco Echeverría señaló que la presión social sirve, prueba de ello es que en el Congreso se sacó de la terna de aspirantes a la Fiscalía General del Estado (FGE) al abogado Ramón Almonte Borja, quien estaba vetado por el normalismo rural para ocupar el cargo, ya que en diciembre de 2011, cuando su hermano Gabriel y su compañero Alexis Herrera Pino fueron asesinados, el ex aspirante se desempeñaba como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).