— “La niñez no se toca”, asegura Jesús Urióstegui García, presidente de la JUCOPO del Congreso local
— Se trata de un caso sumamente importante para el estado, admite el coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA
Rogelio Agustín
“La niñez no se toca”, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso local, Jesús Urióstegui García al referirse a la resolución que determina la libertad de cuatro implicados en el feminicidio de la niña Ayelin Iczae Gutiérrez Marcelo, dado a conocer el fin de semana pasado, fallo que admite, afecta la imagen del Poder Judicial de Guerrero.
En las instalaciones del Congreso local, el también coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA sostuvo que desde que se tuvo conocimiento del crimen perpetrado en contra de la menor, en la ciudad de Tixtla, se sumó a las voces que reclamaron la aplicación de la ley.
“Siempre lo hemos dicho, a la infancia no se le toca y seguimos condenando ese tema”, anotó.
Dijo que un caso de esa naturaleza, debe tratarse con profesionalismo y atender todos los elementos que haya, porque hasta el momento se tiene la percepción de que no hay justicia para la familia de la menor asesinada.
“En estos momentos no sabemos si existem otros presuntos responsables, por eso es que estaremos vigilantes de este hecho que insisto, condenamos ampliamente”, inidicó el representante popular.
Manifestó que en el Congreso se tiene la disposición para acompañar a la señora Flora Marcelo, madre de la niña Ayelin, quien se sabe, está fuera de Guerrero desde octubre de 2020, por las presiones que sufrió a consecuencia de su reclamo de justicia.
Reconoció que una resolución de esta naturaleza, que abre las puertas de la prisión a cuatro personas que estaban sentenciados por el caso, daña la imagen del Poder Judicial local.
Indicó: “Cada quien tiene que ser responsable de sus actos, de sus acciones y de su trabajo, en este caso corresponde al Poder Judicial dar la información”.
También admitió que la determinación del Poder Judicial tiene un impacto en la Fiscalía General del Estado (FGE), que a través del Ministerio Público tuvo la responsablidad de aportar todos los elementos necesarios para sustentar la sentencia correspondiente, que en un primer instante apuntó hacia la culpabilidad, con una pena de 40 años de prisión.
“Hay órganos de control interno dentro de la Fiscalía y tienen que cumplirse, tiene que verse el tema de la presunción de inocencia, sin embargo este es hecho tan importante y trascedente, que a la infancia no se toca y se debe tratar con toda la importancia que tiene”, aseveró.