— Durante la jornada del martes, Crispín Agustín Mendoza estuvo encerrado en la cárcel de la comunidad de Tlahuapa
— Una denuncia por robo de vehículos, la causa del diferendo con su antecesor en el cargo, Sebastián Ortiz Sayas
Rogelio Agustín
La noche del martes, el alcalde de Alcozauca, Crispín Agustín Mendoza fue liberado de la cárcel comunitaria de la localidad de Tlahuapa, donde se “autoencarceló” a partir de un diferendo generado por la denuncia penal presentada en contra de su antecesor, Sebastián Ortiz Sayas.
La mañana del martes, el ex presidente municipal de Alcozauca, Sebastián Ortiz acudió a la sede del Ayuntamiento acompañado de representantes de Tlahuaca, donde se encuentran dos de las tres camionetas que fueron compradas por la administración anterior, pero que fueron materia de una denuncia penal por la administración en funciones.
El presidente Agustín Mendoza justificó la presentación de la denuncia de robo, a partir de una observación hecha por la Auditoría Superior del Estado (ASE), pues en la revisión de su cuenta pública no se presentaban las facturas de tres camionetas, situación que representa el riesgo de llegar incluso a una sanción penal.
Se generó una discusión, que el alcalde en funciones pretendió superar yendo a la comunidad de Tlahuapa para explicar a los pobladores lo sucedido, aunque ya estando ahí se generó otra discusión porque los habitantes se encontraban molestos a partir de que derivado de la denuncia, ellos no podían utilizar las camionetas entregadas por la administración anterior, hasta que se les baje del registro nacional de vehículos robados.
Ante la inconformidad de los lugareños, el primer edil decidió “autoencarcelarse” y retó a su antecesor, Sebastián Ortiz a entrar con él a la celda comunitaria hasta que se clarificara quién realmente cometió una ilegalidad.
La propuesta del presidente iba en la ruta de que solamente saliera de la cárcel comunitaria quien estuviera libre de culpa, el infractor de la ley debería ser puesto a disposición de las autoridades.
Ante la ausencia de acuerdos, el Gobierno de Guerrero a través de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, a cargo de Francisco Rodríguez Cisneros intervino para buscar un acuerdo entre las partes.
La intervención de la administración estatal generó resultados alrededor de las 22:00 horas de la noche del martes 18 de noviembre, cuando el presidente Agustín Mendoza pudo salir de la comisaría.
Se acordó que se va a desistir de la denuncia penal, en tanto se aporten las facturas de las camionetas al órgano fiscalizador, para efecto de que se baje el reporte del registro nacional de vehículos robados, para que así el pueblo utilice las unidades sin complicaciones.
Para la mañana del miércoles, el presidente municipal de Alcozauca retomó sus actividades cotidianas.