— Crispín Agustín Mendoza se encierra en una celda y pide que su antecesor en el cargo, Sebastián Ortiz Sayas haga lo mismo
— Existe una denuncia por el presunto robo de tres camionetas y el reporte de obras inconclusas
Cristina Serrano
Tras una discusión generada por el presunto robo de tres camionetas, así como el reporte de obras inconclusas, el presidente municipal de Alcozauca, Crispín Agustín Mendoza se encerró en una cárcel comunitaria para retar a su antecesor en el cargo, Sebastián Ortiz Sayas a realizar la misma acción, con la intención de que solo recupere su libertad quien esté libre de malos manejos.
Un ambiente de tensión se registró la jornada del martes en el Ayuntamiento de Alcozauca, donde el ex presidente municipal Sebastián Ortiz Sayas acudió acompañado de comisarios y campesinos de diversas comunidades para aclarar los señalamientos hechos en su contra, a partir del presunto robo de tres camionetas, tras una denuncia presentada por la administración encabezada por el alcalde Crispín Agustín Mendoza.
Ortiz Sayas explicó que su presencia estuvo respaldada por autoridades comunitarias de distintos pueblos y recordó que durante su gestión entregó ocho camionetas, incluyendo las destinadas en 2022.
El ex jefe de cabildo agregó que solo conserva copias de la documentación, ya que los originales permanecen en resguardo del ayuntamiento desde el momento de la entrega oficial.
El exalcalde señaló que fue el fiscal regional de la Montaña quien le notificó sobre la existencia de una denuncia penal en su contra, por el supuesto robo de tres vehículos; sin embargo, aseguró que las unidades están localizadas y bajo resguardo de las comunidades. Detalló que una camioneta se encuentra en Tlahuapa y las otras en San Miguel El Grande, cuyos representantes acudieron al ayuntamiento para confirmar públicamente la información.
“Yo no he robado nada al pueblo. Aquí están los ciudadanos de San Miguel El Grande para comprobar la existencia de las camionetas”, afirmó Ortiz Sayas. Reiteró que, de existir pruebas en su contra, está dispuesto a que sean presentadas ante las autoridades correspondientes, pero insistió en que los señalamientos son falsos.
Recordó que el 6 de junio de 2025 se hizo público el señalamiento sobre su presunta responsabilidad en el robo de tres vehículos, acusación que —según dijo— fue difundida por el alcalde Crispín Agustín Mendoza un año atrás. “Siempre fui respetuoso con mi pueblo y mantuve el diálogo”, expresó.
Durante la reunión, Ortiz Sayas afirmó que el presidente municipal se comprometió a retirar la denuncia en su contra este miércoles, una vez confirmada la ubicación de las camionetas por parte de las comunidades.
Mientras se desarrollaba el encuentro, la Guardia Nacional cerró el acceso principal del Ayuntamiento y resguardó al alcalde como medida preventiva, ante el clima de tensión que se generó.
En la respuesta, el alcalde actual se “autoencarceló”
Tras el encuentro, el alcalde Crispín Agustín Mendoza realizó una transmisión en vivo desde su página oficial, donde sostuvo que el reporte de robo de las camionetas deriva de presuntas irregularidades administrativas cometidas por el exalcalde.
“Esto pasa cuando alguien roba, ahorita están con reporte de robo porque sacó las facturas y luego las canceló”, declaró, afirmando que esta acción provocó la activación de la denuncia penal.
Durante la transmisión, el alcalde aseguró que se trasladó a Tlahuapa por decisión propia y afirmó que permanecerá “encarcelado” hasta llegue el ex alcalde, para demostrar las irregularidades que, según él, dejó la administración pasada.
“De esta cárcel no me muevo. Yo me encarcelé solo porque no le debo nada a nadie”, dijo, al señalar que su presencia en el lugar es una muestra de que está dispuesto a enfrentar cualquier señalamiento y, al mismo tiempo, exhibir lo que considera actos indebidos del exalcalde.
Mendoza también anunció que revisará diversas obras realizadas durante la gestión de Ortiz Sayas, insinuando sobrecostos y presuntas anomalías.
“Vamos a demostrar cómo inflan los precios de las obras: una pavimentación de doscientos metros por 12 millones, un puente por casi 5 millones, y la obra de Tlahuapa por casi 12 millones”, afirmó.
Las declaraciones contrastan con la versión de Ortiz Sayas, quien asegura haber entregado la documentación correspondiente y sostiene que las unidades se encuentran físicamente bajo resguardo de las comunidades.
Retó a su antecesor para que acuda al lugar, que ambos estén en la cárcel comunitaria y que solo recupere su libertad el que sea completamente inocente.
