— Cumplen 30 años de trabajo en materia de seguridad, pero no avanza la iniciativa en el Congreso para su reconocimiento constitucional, se queja
Rosario García Orozco
A 30 años de la creación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), dicha organización de pueblos indígenas y afromexicanos, lamentó que lejos de ser reconocidos de manera oficial, las autoridades los criminalicen.
En un documento publicado en sus redes sociales, la CRAC-PC dio a conocer que desde hace 30 años, pueblos Me’phaa, Na Savi, Nahuas y afromexicanos de la Costa Chica y Montaña de Guerrero «nos reafirmamos como herederos de los primeros pobladores y dueños de estas tierras, retomamos nuestras instituciones, nuestro gobierno y sistemas normativos. Decidimos conformar nuestras policías comunitarias para brindar seguridad, justicia y reeducación como lo hacían los abuelos».
En ese escrito, aclararon que conformaron su policía comunitaria, «no para generar violencia, sino para cuidar nuestra tierra, territorio y bienes naturales, no como símbolo de poder para someter por la fuerza a los demás, sino para construir un clima de paz en nuestros pueblos».
La organización señala que cuenta hoy con 6 casas de justicia, más de 300 pueblos que forman parte de ese sistema, y asegura que en sus territorios «impera un clima de armonía, lejos de la violencia que azota otras regiones del estado de Guerrero, donde las instituciones del Estado han sido incapaces de contener y revertir la criminalidad».
La CRAC-PC se quejó de que lejos de que sean reconocidos de manera oficial, «las autoridades nos criminalizan. Pensamos que con la llegada de un gobierno Progresista habría un diálogo más fluido, no se discriminaría a los pueblos indígenas».
También recordaron que en 2018 en en Congreso Local plantearon que iniciaran los trabajos para el reconocimiento constitucional de la CRAC-PC, por lo que se llevó a cabo una consulta y se presentó una iniciativa que «nunca fue aprobada, por el contrario, la fracción mayoritaria compuesta por Morena nos dio la espalda».
Dijeron que confiaron en que tras la aprobación de la reforma indígena en el Congreso de la Unión, que reconoce la jurisdicción indígena y la libre determinación y autonomía para aplicar y desarrollar sus propios sistemas normativos, en el Congreso Local se avanzara en la construcción de las bases para el reconocimiento constitucional y legal de la CRAC-PC, sin embargo «las mesas de diálogo nunca prosperaron».
El grupo comunitario reiteró que no se avanza en ese tema, «el gobierno le apostó al desgaste de la CRAC-PC. Lejos del reconocimiento empezó una persecución y represión contra nuestro sistema de justicia. Hace meses fueron detenidos cinco policías comunitarios de Xalpatláhuac que hoy se encuentra recluidos, como si de delincuencia se tratase, y la semana pasada el Consejero de la CRAC, Jaime Morales Castro fue liberado».
En el documento la CRAC lamenta que «mientras detienen a nuestras autoridades comunitarias, el gobierno pacta con las bandas delictivas, el gobierno permite que los asesinos de luchadores sociales sigan en la impunidad y que los grupos delictivos operen a la luz del día sembrando violencia y terror».
Señalan que no hay diferencia entre los gobiernos del pasado, que los encarcelaba, porque «ahora con el mismo cálculo lo hace el gobierno que se dice progresista».
Exigieron que se esclarezca y haya justicia por los casos de Rocío Mesino, quien hace 12 años fue asesinada en la sierra de Atoyac, y el homicidio de Ranferi Hernández y su familia, abatidos hace 8 años.
Advirtieron que nacieron sin el permiso del gobierno y que como «herederos de los indómitos Yopes, resistiremos a la embestida de este gobierno y la CRAC-PC vivirá por siempre, porque somos parte de este hábitat, porque somos parte de estas tierras».