— El presidente de la Jucopo, Jesús Urióstegui señaló que por esas acciones los ciudadanos pierden sus patrimonios
Rosario García Orozco
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso Local, Jesús Urióstegui García propuso reformar la Ley de Responsabilidades Públicas del estado de Guerrero para sancionar a funcionarios públicos que incurran en la pérdida de documentación catastral, porque en ocasiones provoca que los ciudadanos pierdan su patrimonio.
Explicó que su propuesta consiste en reformar la fracción quinta del artículo 49, con la adición al artículo 64 ter a la Ley 465 de Responsabilidades Públicas para el estado de Guerrero, y pretende sancionar a funcionarios públicos que incurran en la pérdida de documentación catastral propiciando que los ciudadanos pierdan su patrimonio de años.
Dicha propuesta fue presentada en la sesión del pleno de este martes por el diputado morenista Jesús Urióstegui quien aseguró haber sido testigo de la desesperación ciudadana que al solicitar un apoyo social o un trámite se encuentran con que sus documentos no existen en las dependencias correspondientes.
“He escuchado testimonios, historias detenidas sobre trámites extraviados, por documentos ocultos, por expedientes que como por arte de magia desaparecen o son alterados por parte de servidores públicos”, refirió el legislador.
Con esa iniciativa tiene el objetivo de que ningún derecho se pierda por un acto de corrupción, omisión o negligencia, y aunque no ofreció datos de cuantos casos se han presentado de este tipo, Urióstegui García, dijo que existe una variedad de motivos, para extraviarse, sin embargo, remarcó que la responsabilidad es solo una, de ahí la iniciativa presentada.
La iniciativa incluye sanciones para los servidores públicos que no realicen sus funciones debidamente, por que de manera reiterada se registran casos de destrucción, ocultamiento de expedientes administrativos, lo que no solo vulnera los procedimientos administrativos sino que viola los derechos ciudadanos.
Agregó que esos hechos irregulares trasciende lo institucional y golpea dijo a las personas, “casos documentados evidencian cómo la falta de expedientes completos han impedido a ciudadanos acceder a atenciones, a servicios de salud a muchos de sus derechos fundamentales”.
El coordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena en el Congreso Local, comentó que la legislación vigente contempla la obligación de los servidores públicos a custodiar la documentación a su cargo, sin embargo, no establece las consecuencias de la desaparición, ocultamiento o destrucción de expedientes administrativos, esta laguna legal dijo permite la impunidad y que no sean sancionadas de manera eficiente.
Por ello, consideró necesario tipificar como falta administrativa grave la destrucción, ocultamiento o alteración de expedientes administrativos estableciendo agravantes y sanciones proporcionales a la gravedad de la conducta.
Agregó que la creación del artículo 54 Ter dentro de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado no es producto del azar, sino de un análisis “cuidadoso”, del marco normativo existente.
“Este precepto obliga a los servidores a integrar, registrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad, e impedir, revisar su uso, divulgación, manipulación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebida”, puntualizó el legislador.