El documento está casi listo para presentarse ante el pleno, entonces se sabrá el nombre del presidente municipal involucrado y el delito por el que se le investiga
Rogelio Agustín
El Juicio de Procedencia promovido por la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de un presidente municipal se encuentra en su etapa final, de tal manera que la próxima semana podría estar listo el dictamen que trabajan los integrantes de la Comisión Instructora.
En los primeros días del mes de abril, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó al Congreso local una solicitud de juicio de procedencia en contra de un presidente municipal, sin que se diera a conocer el nombre del incolucrado ni el delito con el que se le relaciona.
La Comisión Instructora encabezada por el diputado Arturo Álvarez Angli -coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM- decidió mantener toda la información relacionada con el asunto en secreto, bajo el argumento de no generar algún tipo de linchamiento mediático contra la parte acusada.
El diputado Álvarez Angli reconoció que el Congreso tiene la obligación de otorgar el derecho de audiencia a la parte cuya separación del fuero constitucional solicita la FGE, para efecto de avanzar en el desahogo de una carpeta de investigación, cuyo contenido hasta el momento no se ha dado a conocer.
Hasta el momento se desconoce el nombre del acusado, el género al que pertenece, el partido en que milita y desde luego, la demarcación que gobierna.
De manera escueta, este miércoles 18 de junio, la diputada local por Movimiento Ciudadano (MC), Erika Lorena Lursh Cortés, integrante de la comisión que tiene el juicio, manifestó que el dictamen ya está casi listo, pues se encuentra en la etapa de la revisión.
Dijo que existe la probabilidad de que la próxima semana dicho dictamen se presente, para entonces se conocerá de qué municipio se trata, el nombre del alcalde que es investigado por la FGE y el delito por el que se le relaciona con una carpeta de investigación.
Hasta entonces, la diputada Lursh Cortés asegura que los cinco integrantes de la Comisión Instructora se mantendrán en la postura de la secrecía, para evitar cualquier fuga de información que pueda poner en riesgo el desarrollo del procedimiento.