— Las cifras son del mes de julio y agosto, documentadas por los mismos transportistas
Yasmín García Chino
Chilpancingo, Gro., a 5 de septiembre 2023.- La confrontación entre los grupos delictivos que se disputan el control de la región Centro de Guerrero, ha dejado el saldo de 23 transportistas muertos, diez desaparecidos y 12 desertores en menos de dos meses.
Para quienes pertenecen al sector transporte en Chilpancingo, Tixtla, Tierra Colorada, Chilapa, el valle del Ocotito y el Circuito Río Azul, lo que han sufrido en los últimos cinco años raya en actos de terrorismo, pues además de asesinarlos, sus unidades son calcinadas y varias veces con los cadáveres de las víctimas dentro.
Hay miedo, pero también la necesidad de trabajar para garantizar el sustento de sus familias.
Apenas el 7 de agosto, la base de urban de la ruta Los Ángeles-Centro-Mercado fue atacada a balazos por hombres armados, ahí murieron tres choferes y una de las unidades fue calcinada.
Un mes antes, el 8 de julio, la violencia se desató con ataques directos a taxistas interceptados en las inmediaciones de Petaquillas, donde además de victimas mortales las unidades fueron incendiadas.
Esta semana, se confirmó que derivado de la tensión que prevalece en la zona, los taxis de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero permanecieron inmovilizados, ante el riesgo de más ataques.
Los asesinatos de las dirigentes Mariela Lozano Salgado y Marlen Adame Simón, el pasado 23 de octubre, acentuaron el temor entre los trabajadores del volante, que no han conseguido reanudar los servicios de manera plena.
Este martes 5 de septiembre, un grupo importante de conductores de taxis, urvans y mixtas de la zona Centro, así como de rutas de la Sierra fueron capacitados en un curso de primeros auxilios impartido por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil, para efecto de que se encuentren en condiciones de reaccionar adecuadamente ante una emergencia, para apoyar a sus compañeros y los pasajeros.
Los testimonios, siempre en el anónimato
Un taxista local que omitió su nombre por temor a represalias, relató que entre sus compañeros existe miedo de ser víctima de algún ataque, por los hechos que se han registrado durante los últimos meses.
“La verdad sí existe el miedo por todo lo que está pasando, han desaparecido varios compañeros, la verdad si da miedo, solo en dos meses han desparecido como diez compañeros”.
Contó que en ese periodo (julio-agosto) al menos doce de sus compañeros dejaron de trabajar por la zozobra y el miedo, optaron por abandonar la ciudad o dedicarse a otra actividad.
Para muchos no hay más alternativa que seguir, pues en Guerrero no existen muchas opciones de empleo, ya que en el transporte han encontrado cobijo hasta profesionistas.
Uno de los choferes que se animó a platicar, siempre invocando la posibilidad del anonimato, destacó que tiene 25 años al volante de un taxi, lo que le ha permitido “sacar adelante a su familia.
¿No ha pensado en dejar de ser taxista?
Ante el cuestionamiento refiere que en varias ocasiones lo ha pensado, pero no es fácil dejar su trabajo de la noche a la mañana, porque en la ciudad no hay muchas fuentes de empleo.
Sobre los cursos de capacitación aseguró que son buenos para que puedan auxiliar a la ciudadanía que hace uso de sus unidades.
Arturo Godínez Alarcón, presidente de la Movilidad, Unión de Transportistas y Organizaciones del Estado de Guerrero, declaró que el Gobierno Estatal ayudó a sufragar gastos de los veintitrés transportistas asesinados.
Godínez Alarcón dio a conocer que los transportistas serán beneficiarios de proyectos sociales por parte del gobierno estatal, acción que calificó como buena para las familias que dependen del gremio.
Aseguró que el transporte público se está profesionalizando con la utilización de códigos QR, mismos que instalarán en sus unidades para que los usuarios puedan escanear el código y este arrojará información del conductor, como el nombre y la organización a la que pertenece.
Actualmente en Chilpancingo existen operativos de seguridad implementados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Guardia Nacional (GN), el Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado (FGE).
Esa vigilancia ha permitido que el servicio se mantenga en circulación, ya que en cada repunte de la violencia los choferes optan por parar sus actividades y resguardarse, para evitar que la estadística negativa se incremente.
