Aprueba el Congreso de Guerrero la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus municipios

— Garantiza a los ciudadanos acceder a la reparación del daño
— La presenta Héctor Apreza Patrón, líder parlamentario del PRI a nombre de la JUCOPO

Rogelio Agustín

El Congreso aprobó la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Guerrero y sus municipios, que presentó el coordinador de los diputados del PRI, Héctor Apreza Patrón a nombre de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).

En la argumentación, Apreza Patrón señaló que se trata de una iniciativa que pretende llenar un vacío que, por diversas razones, permaneció sin atención desde hace 20 años.

De la reforma al Artículo 113 Constitucional, que entró en vigor en 2002 a la fecha, casi la totalidad de las entidades federativas cumplieron con lo establecido en la generación de la normatividad reglamentaria.

Consideró que es importante destacar que la responsabilidad patrimonial fue reconocida por nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, como resultado de la Reforma Integral que se realizó durante la 60 Legislatura.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos para establecer el sistema de sanciones administrativas realizado durante la pasada administración estatal, la ley reglamentaria en este tema quedó pendiente.

Recordó que apenas en febrero pasado, se notificó al Congreso local por parte del Poder Judicial Federal, una sentencia que advertía del incumplimiento de dicha obligación y dio un periodo de 60 días, a partir del inicio del actual periodo ordinario para generar el marco regulatorio correspondiente.

Explicó que se trata de una norma no sólo deseable, sino necesaria y de gran utilidad para garantizar la prevalencia del respeto de los derechos de la ciudadanía por parte de las instituciones públicas.

El coordinador de los diputados locales del PRI, sostuvo que responsabilidad patrimonial es aquella figura jurídica propia del derecho privado, que hoy se traslada al derecho público y deviene del daño causado en los bienes o derechos de los particulares por la actividad irregular del Estado, otorgando certeza jurídica a las/los ciudadanas/os al determinar las bases, los lineamientos y el procedimiento adecuado para recibir la respectiva indemnización por el daño causado.

Enfatizó en el hecho de que en un Estado de Derecho, como el el que se vive en Guerrero, la Administración Pública debe someterse a la legalidad en todo momento, en el cumplimiento de sus funciones y también en las consecuencias que se produzcan ante la omisión de éstas.

Cuestionó el hecho de ¿Cuántas veces no ocurre que, por la deficiente o nula prestación de un servicio público o el mal desempeño de una obra o proyecto, un ciudadano es afectado en su persona o patrimonio?

La Iniciativa, dijo que busca garantizar a la ciudadanía que resulte afectada por la actuación irregular del gobierno estatal o los ayuntamientos, la reparación del daño.

En la presentación intervino la diputada Yoloczin Domínguez Serna, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la JUCOPÔ; el Diputado Raymundo García Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, las Diputadas Hilda Jennifer Ponce, Leticia Mosso y Ana Lenis Reséndiz, de las representaciones de los partidos Verde, del Trabajo y Acción Nacional.

La iniciativa se aprobó por unanimidad en la segunda sesión desahogada este martes 24 de mayo.

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