— «La FGE fabrica culpables», aseguran pobladores del Ocotito
— Cierran negocios y deja de circular el transporte público en la comunidad, aseguran
— Este martes se desarrolló la audiencia de Deivid Barrientos
Rogelio Agustín
Habitantes de la comunidad del Ocotito marcharon en la capital de Guerrero para exigir la liberación de José Deivid Barrientos Salazar, quien se encuentra detenido por los delitos de portación ilegal de arma de fuego, posesión de droga y la presunta vinculación con el asesinato del periodista Fredid Román Román.
El contingente se encuentra integrado por alrededor de 200 personas, entre comerciantes, transportantes y simpatizantes de la autodefensa que desde 2013 opera en dicha localidad, ubicada en lo que se conoce como la zona del Valle.
Llegaron desde las 13:30 horas, pero fue a partir de las 14:15 que comenzaron a caminar con dirección al sur, teniendo como destino las instalaciones de Ciudad Judicial.
Este día se tiene programada la audiencia judicial de José Deivid Barrientos Salazar, quien fuera comandante de la autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Barrientos Salazar fue detenido el 14 de febrero en el estado de Puebla, en posesión de un arma de fuego de uso exclusivo y droga, sin embargo, la Secretaría de Marina informó que también se le relaciona con el asesinato del periodista Fredid Román Román, en un atentado realizado el 22 de acostó de 2022.
Los manifestantes sostienen que el arma encontrada en poder de Barrientos Salazar fue sembrada por las autoridades, lo mismo que la droga.
Respecto al asesinato del comunicador, los simpatizantes de Barrientos señalan que no tienen conocimiento y declinaron hablar sobre el tema.
Lo que sí destacaron, es que mientras ellos marchaban en la capital, en El Ocotito los negocios estaban cerrados y el transporte público había dejado de circular, para ejercer presión sobre las autoridades.
Anticiparon que no van a bloquear carreteras, pero señalaron que van a insistir en el hecho de que la Fiscalía General del Estado (FGE) inventa culpables para resolver casos de alto impacto mediático.