— A pregunta de cuatro diputados, la secretaria de Obras Públicas, Irene Jiménez Montiel revela quien dio la orden
— Era más caro rehabilitar que demoler y reconstruir, explica ante el Pleno del Congreso
Rogelio Agustín
La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno de Guerrero (SDUOP), Irene Jiménez Montiel reveló que el ex presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Alfredo Sánchez Esquivel fue quien ordenó la demolición total de la biblioteca Siervo de la Nación, pues consideró que la rehabilitación parcial sería más costosa.
Fueron por lo menos cuatro los diputados locales que preguntaron sobre el tema, que en las últimas semanas ha generado una intensa polarización mediática entre el diputado Sánchez Esquivel y la actual coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, Yoloczin Domínguez Serna.
Obtener el señalamiento no fue sencillo, el tema lo abordaron los perredistas Bernardo Ortega Jiménez y Elzy Camacho Peñaloza, además de los priistas Alicia Zamora Villalba y Olaguer Herández Flores.
Jiménez Montiel aguantó la presión durante un buen tiempo, en parte alentada por el respaldo que desde su curul le manifestó el ex coordinador parlamentario de Morena, Alfredo Sánchez Esquivel.
Sin embargo, la resistencia de clarificar el tema fue cuestionada con intensidad por los representantes populares, lo que al final terminó por quebrar la voluntad de la funcionaria.
La explicación requerida
El ex alcalde de Quechultenango, Bernardo Ortega Jiménez solicitó en un primer momento que diera el contexto de como se decidió demoler completamente una de las tres etapas que integran a la sede del Congreso local, pues nunca se conoció un dictamen de Protección Civil en el que se considerara al inmueble de riesgo para diputados, trabajadores y visitantes.
¿No cree usted que se tomaron decisiones apresuradas en este tema, que era trascendental por tratarse de uno de los poderes del estado?
La funcionaria de primera instancia habló sobre la posibilidad de que el diputado Ortega Jiménez acudiera a las oficinas de la SEDUOP para utilizar el buzón de quejas, instrumento que la dependencia tiene para canalizar las inquietudes de los ciudadanos, lo que fue replicado por el integrante de la bancada del PRD, quien le objetó que se trataba de un representante popular cuestionando en el contexto de la glosa del Primer Informe de labores.
Jiménez Montiel exhibió un folder en el que señaló, tenía el expediente completo de la obra, con información que ya ha sido presentada ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Cualquier duda aquí lo tengo, se dice paso a paso, es un documento que ustedes ya lo conocen, yo se los voy a mandar en una memoria para que tengan toda la información, ahí están los procedimientos, que se hizo y quien los hizo”, dijo sin presentar una explicación en tribuna.
“Yo no le pedí el expediente, le pregunté quién ordenó la demolición, ahí está el edificio, alguien debe tener la culpa”, réplicó el legislador.
Desde su curul, el ex presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez manifestó su respaldo a la secretaria de Obras Públicas, lo que incrementó la molestia del perredista, que señaló que entre sus virtudes no se encontraba el ser “salamero”.
El intercambio de palabras propició que la presidenta de la Mesa Directiva, Yaneli Hernández Martínez invocara la Ley Orgánica del Congreso para solicitar respeto y cordialidad.
De como fluyeron los datos
De manera atípica, la arquitecta Jiménez Montiel respondió a la diputada priista Alicia Zamora Villalba, que la obra considerada originalmente era una segunda etapa de la biblioteca del Congreso, cuyo monto se estimaba en 20 millones de pesos, de los que diez fueron liberados apenas el martes 22 de noviembre.
“Decirles que ese proyecto o ese presupuesto se ejerció originalmente en la administración pasada (refiriéndose a la 62 Legislatura), nosotros únicamente dimos continuidad a un contrato”, explicó.
Continuó: “En el presupuesto 2021 se contemplo el proyecto denominado rehabilitación del inmueble denominado Biblioteca del Congreso del Estado, la Seplader el 10 de junio de 2021 autorizó un recurso por 10 millones de pesos a través del oficio de auyorizacion spdrspddffafef039620201”.
Continuó: “El 21 de julio del 2021, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y la empresa Entretrazos Diseños y Construcción, representada por Santos Alonso Vázquez, se celebró un contrato de obra pública a precios unitarios con un plazo de 120 días naturales, contados a partir del 26 de junio al 22 de noviembre, el monto era de 9 millones 740 mil 268 pesos”.
Hasta ese momento, se consideraba solo la rehabilitación general del inmueble, existiendo, que constaba de una sola planta con doble altura.
Detalló que se consideró adicionar un nuevo nivel de construcción, desplantando la loza de azotea, se consideraba tener una planta baja con espacio para las delegaciones sindicales, servicios médicos, sala de reuniones, la de biblioteca con oficinas, archivo muerto, fotocopiado y sanitarios.
En la planta alta habría una sala de sesiones, servicio de comedor con cocina y bodega, una sala de reuniones privada con servicio de sanitarios.
Hasta mediados de 2021, el área técnica de la Secretaria presentó la propuesta para la contratación de servicios profesionales de un experto en materia de seguridad estructural, a efecto de tener los dictámenes que permitieran realizar una intervención integral en todo el inmueble.
De cada uno de los pasos a seguir, dijo que se informó de manera oportuna a la Jucopo.
El 6 de septiembre de 2021, un especialista estructural presentó el procedimiento a realizar, diez días después, se presentó el dictamen estructural definitivo y se señaló que a partir de los desplazamientos laterales que se observaron, la construcción no cumplía con lo requerimientos de los códigos vigentes en materia de construcción.
“Las resistencias del concreto de los elementos estructurales, oscilaban por lo menos en 250 kilogramos por centímetro cuadrado, lo que se consideraba aceptable, pero se vio el
comportamiento de las columnas ante el efecto sísmico bidirecccional y se determinó que no era aceptable, según los estándares de resistencia. Las vigas en general no presentaban problemas de resistencia, pero por la condición de fallas de servicio, por la descarga promedio que debían tener, se podían provocar fallas en la cimentación”.
Aseveró: “Por los nuevos espacios que se pretendían adicionar, se obligaba a una recimentación que garantizara la resistencia”.
¿Rehabilitar significa demoler?
La diputada Zamora Villalba se manifestó sorprendida por la extensa explicación y le asestó: “¿Sabe qué? Yo no le pregunté sobre la biblioteca, pero de lo que yo le pregunté no me contestó nada.
En todo caso, le hizo ver que siempre manejó el término rehabilitación, no la demolición completa del edificio y le insistió: ¿Quién autorizó la demolición del edificio de la biblioteca pública del congreso, punto y aparte. No más secretaria, pero tampoco menos”.
Elzi Camacho Peñaloza, integrante de la bancada del PRD solicitó que se precisara, si en términos concretos, para la SDUOP rehabilitar significa demoler: Y retomo la pregunta: ¿Quién autorizó la demolición de la biblioteca? Le agradecería que su respuesta fuera de manera clara”.
Fue Sánchez Esquivel
La arquitecta ya no pudo eludir los cuestionamientos, por lo que antes de cerrar la comparecencia estableció: “La demolición o rehabilitación de lo que es la biblioteca, se determina con base al dictamen del director responsable de la obra, en donde originalmente, efectivamente, el concepto era rehabilitación. Pero al hacer la inspección física, los estudios técnicos para determinar si iba a ser resistente para lo que se requería, se determinó que era más caro rehabilitar que demoler”.
Y finalmente clarificó: “Por eso es que nos hicieron la solicitud de la demolición por parte de la junta…por parte del presidente de la Junta de aquí”.
Indicó que la SDUOP no podía negarse a la petición hecha por el presidente de la Jucopo, pues había un dictamen técnico que señalaba claramente que la rehabilitación no era lo más viable, pues resultaba más caro que demoler y construir.