— 12 años bajo investigación del Ejército Mexicano
— La estigmatización hace crecer el riesgo de un ataque, en un ambiente de inseguridad
Jesús Dorantes
Chilpancingo, Gro.- El abogado Vidulfo Rosales Sierra reconoce que hay dos situaciones de riesgo que le preocupan; ser objeto de una acción judicial montada o víctima de un atentado, por la vulnerabilidad que genera en su contra la estigmatización a la que se le somete de manera constante.
Rosales Sierra es abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, lo que ha motivado que tome en sus manos asuntos que generan la molestia para algunos grupos de poder, tanto del aparato de gobierno como de la delincuencia.
Las filtraciones de información robada a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por parte del grupo de hackers llamado Guacamaya Leaks, reveló las investigaciones que la milicia tienen sobre diferentes personajes del movimiento social de Guerrero, entre ellos el abogado Rosales, el director de Tachinolla, Abel Barrera Hernández y el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), Marco Antonio Suastegui Muñoz.
El pasado mes de agosto, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) presentó el informe de la Comisión para la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa”, en el que se señala que no hay indicios de que alguno de los 43 estudiantes se encuentre con vida.
En dicho informe se ratificó la versión de que en los ataques del 26 de septiembre de 2014 intervino personal del Ejército Mexicano.
El nivel que alcanzó la investigación, detalla el abogado Rosales Sierra, llegó a tal avance, que para muchos ya representaba una expectativa del esclarecimiento del caso”.
Ese nivel de avance provocó que los grupos de poder que existen al seno del Ejército Mexicano comenzarán a presionar, para evitar que se continuará concretaran acciones como las emisión de órdenes de aprehensión en contra de 16 de sus elementos.
Durante la última etapa de la investigación, que coincidió con el octavo aniversario de los hechos de Iguala, el representante de Tlachinollan asegura que fue posible ver que hubo un golpe de mano en los trabajos de la Fiscalía Especial, así como campañas de desprestigio en contra de los que se mantienen del lado de los padres agraviados.
Luego vino la filtración de Guacamaya, con ello la revelación de que existe una vigilancia permanente de la SEDENA hacia los dirigentes del movimiento social.
En el caso de Rosales Sierra, confirmó que los registros que se tienen de sus actividades en la información filtrada por el hackeo, datan desde el 2010, por lo que en la actualidad se encuentra en un proceso de revisión para verificar si hay alguna acción Judicial en su contra.
Las medidas de protección y los temores
Ese acto que puede ser considerado una medida de protección, no es el único que ha tomado, pues desde el año 2010 cuenta con una medida de protección que le fue brindada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se suman a las medidas que el Gobierno de la República le a brindado, que constan de dispositivos de ubicación y botones de seguridad.
Ante una interrogante directa, Vidulfo sostiene que hay dos riesgos que le preocupan: “Una es que podría existir una acción judicial o que en la propia dinámica de la vida cotidiana… pudiera existir un atentado del crimen organizado”.
Por el tiempo en que ha sido objeto de investigación, señaló las autoridades tienen conocimiento de los lugares que visita con frecuencia.
Manifestó que dicha situación lo ha puesto en alerta, ante la posibilidad de una acción en su contra por mantenerse al frente de la representación legal de los padres y madres de los 43.