— Evencio Romero, ex integrante de la Comisión del Congreso local para el caso, recordó que en el Senado llegó a plantearse la desaparición de poderes en Guerrero
Rogelio Agustín
El ex diputado local, Evencio Romero Sotelo sostuvo que las investigaciones relacionadas con los hechos del 26 de septiembre de 2014 “se torcieron” a partir de que el caso fue atraído por la Procuraduría General de la República (PGR).
Romero Sotelo fue integrante de la 61 Legislatura local, que estaba en funciones cuando se generaron los hechos que derivaron en el asesinato de seis personas y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Esa legislatura integró una comisión especial para darle seguimiento a las investigaciones del caso, la que indicó, fue una propuesta hecha por el ex gobernador Héctor Astudillo Flores, que también se desempeñaba como diputado local.
Dicha comisión fue presidida por el diputado del PRD Tomás Hernández Palma, actual jefe de Cabildo en San Marcos, pero también se incorporó el panista Jorge Camacho Peñaloza y el finado Elí Camacho Goicochea.
La comisión tuvo una vigencia de menos de dos meses, sin embargo, se encargó de dar seguimiento a varios temas importantes, como la solicitud del juicio de procedencia en contra del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, presentada por la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ), que tenía como titular al abogado Iñaky Blanco Cabrera.
Indicó que la comisión especial que integró la cámara de diputados locales tuvo la oportunidad de conocer el desarrolló de las investigaciones realizadas por la PGJ, las cuales indicó, hasta el momento se mantienen firmes, pues tanto los policías preventivos, como los integrantes del grupo criminal conocido como Guerreros Unidos (GU) encarcelados en la etapa inicial de la investigación, hasta el momento permanecen en prisión.
El problema se presentó cuando el caso fue atraído por la Procuraduría General de la República (PGR), en ese tiempo a cargo de Jesús Murillo Karam, a quien se responsabiliza de haber generado alteraciones en las indagatorias, que tenían como intención obstaculizar la posibilidad de que se conociera la verdad.
“El problema es que el asunto se politizó, entonces el trabajo que se había realizado en Guerrero se interrumpió y en el ámbito federal se distorsionaron las cosas”, anotó.
Recordó que incluso, el entonces presidente del Senado, Miguel Barbosa, actual gobernador de Puebla, llegó a proponer la desaparición de poderes en el estado.
“Nosotros como comisión fuimos al Senado de la República para entonces proponerle a Barbosa que viviera a Guerrero para verificar que los poderes públicos estaban trabajando, que si bien las protestas de los estudiantes eran constantes, el Congreso estaba sesionando, el Gobierno también y lo mismo pasaba con el Poder Judicial”, señaló Romero Sotelo.
Al no conseguir la desaparición de poderes, la cúpula nacional del PRD, controlada por la corriente de “Los Chuchos” optó por forzar la licencia del ex gobernador Angel Aguirre Rivero, que en octubre de 2014 se separó de la titularidad del Poder Ejecutivo local.
Al paso de los años, Romero Sotelo asegura que de lo que no hay duda, es que el Caso Ayotzinapa “se torció” cuando llegó a manos de la FGR.