–Regidora del PAN asegura que el alcalde Erik Catalán no quiere que la sociedad esté informada sobre el manejo de las finanzas y la asignación de obra pública
Rosario García Orozco
La inconformidad ante la «Ley Mordaza», aprobada en el cabildo de Iguala llegó al Congreso local, ya que impide que los ediles informen sobre lo que se trata en las sesiones, particularmente en materia financiera y la asignación de contratos, situación que resulta violatoria de los derechos constitucionales.
En conferencia de prensa, la regidora de Iguala, María del Rosario Bustillos Muñoz, refirió que desde el pasado 11 de abril el cabildo de ese ayuntamiento, que encabeza Erik Catalán Rendón, aprobó la modificación del reglamento de las sesiones, que contempla sanciones para los ediles que informen sobre los temas que se traten al interior del cabildo, lo que consideró como violatorio de los artículos 6 y 7 de la Constitución.
«Desde el momento en que esta violando la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del estado de Guerrero, el Congreso sí puede intervenir y es por eso que estoy aquí con mi diputada Irene Montiel», expresó.
Explicó que de acuerdo con el reglamento aprobado, el numeral 3 del artículo 14 Bis se señala que no se puede difundir «la información de carácter patrimonial, financiero o patrimonial del municipio, cuya divulgación prematura pudiera generar perjuicios a la hacienda municipal, comprometer procesos de licitación, contratación o negociación y el 4 dice que los asuntos Jurídicos o contenciosos, en los que el municipio sea parte, cuya difusión pudiera afectar a la posición legal del ayuntamiento».
Al respecto, la regidora dijo que los ediles no son irresponsables, «no podemos alterar el orden, no podemos decir mentiras, ni estar en contra de la institución, lo que queremos es que el pueblo se informe, que el pueblo sepa, porque somos sus representantes y a nosotros acuden para tener acceso a la información».
Mientras que el reglamento también incluye sanciones para los ediles que no acaten ese reglamento en el artículo 84, como «exhorto aplicado directamente por el presidente municipal durante el desarrollo de la sesión, amonestación con constancia en el acta respectiva, multa económica de hasta dos veces el salario mínimo mensual vigente en la región, y solicitud de suspensión de funciones al honorable Congreso del estado, de acuerdo a la gravedad de la falta», dijo la panista.
El reglamento fue aprobado por 11 ediles y rechazado sólo por dos regidores, recordó Rosario Bustillos, quien agregó que esa medida se determinó luego de que ella y un regidor del PRI, informaron sobre la disparidad en los salarios de los regidores, además de que a ella el ayuntamiento le retiró el recurso que se entrega a los ediles para gestión que es de 14 mil pesos mensuales, y aparte dejaron de pagarles a sus asistentes desde el pasado 15 de julio.
Al respecto, la diputada panista Irene Montiel Servín dio a conocer que «Vamos a hacer todo lo conducente para revisar si ese reglamento es realmente válido, y que no sea nada más a beneficio del alcalde igualteco, porque no sólo le esta cortando su libertad de expresión a una persona, sino a todo su cabildo, y además está arremetiendo contra una mujer, que tiene todo nuestro respaldo».
Comentó que la intensión del presidente municipal de Iguala evidencia que «hay cosas que el presidente necesita que el pueblo no lo sepa, les está negando a todos los de Iguala que tengan acceso a la información».
Al cuestionarle si acudirán a los tribunales para denunciar ese hecho, la legisladora sostuvo que ya iniciaron el proceso jurídico, «se va a hacer todo lo propio, de hecho ya se inició el proceso, la regidora ya tiene un abogado para hacer todo lo conducente».
Montiel Servín consideró que el Partido Verde Ecologista de México, que impulsó la candidatura del alcalde de Iguala, Erik Catalán Rendón, o no tiene conocimiento de lo que está haciendo uno de sus alcaldes, o están de acuerdo, porque no ha habido ningún posicionamiento ni a favor ni en contra.
