— El retraso en los pagos es injustificado, aseguran
Cristina Serrano
Trabajadoras y trabajadores del Programa para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de la Mujer del Estado denunciaron públicamente que la falta de pago de sus honorarios durante meses constituye una forma de violencia institucional, situación que pone en riesgo la continuidad de los servicios que brindan en regiones con altos índices de violencia y marginación.
La protesta fue dada a conocer mediante un posicionamiento conjunto firmado por personal del Centro de Justicia para las Mujeres de la Región Montaña, el Centro Comunitario Gu’wa Kuma – Casa de los Saberes de Ayutla de los Libres, y el componente Estrategia Integral para la Justicia y Bienestar de Mujeres y Niñas de Montaña y Costa Chica.
El personal afirma que el incumplimiento sistemático en el pago de honorarios ha generado una afectación directa a su estabilidad económica y emocional, lo que califican como violencia económica ejercida desde las instituciones estatales. Señalaron que la situación vulnera sus derechos laborales y afecta la operación de servicios esenciales para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia.
La problemática afecta a los equipos que atienden a familias de las regiones Montaña, Costa Chica y el municipio de Ayutla de los Libres, zonas incluidas entre los nueve municipios con Alerta de Violencia de Género vigente en Guerrero.
Los trabajadores advirtieron que, sin presupuesto operativo ni pago de honorarios, se encuentran en riesgo servicios como: Acompañamiento jurídico y psicológico; atención de emergencias; traducción en lenguas originarias; acciones comunitarias; canalización y protección de víctimas y coordinación con instituciones de seguridad y justicia.
Indicaron que estos servicios son indispensables en territorios donde persisten prácticas como uniones forzadas y tempranas, así como altos índices de violencia machista.
El posicionamiento fue emitido en noviembre, luego de varios meses de insistencia sin respuesta formal por parte de las autoridades estatales, según relataron las y los trabajadores afectados.
Las y los denunciantes dirigieron su demanda directamente a la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda y al secretario de Finanzas Raymundo Segura Estrada, a quienes exigen: Pago inmediato y completo de los honorarios adeudados y garantía por escrito de pagos puntuales subsecuentes.
Afirman que el Estado de Guerrero arrastra una deuda histórica con las mujeres y que es inadmisible que en contextos con declaratorias de alerta de género se relegue el financiamiento a programas esenciales para la atención de víctimas.
“El no pago de honorarios durante meses no es un ‘retraso administrativo’. Es violencia institucional que vulnera nuestros derechos laborales y compromete la protección de mujeres, adolescentes, niñas y niños en situación de violencia”, subraya el documento.
Las y los trabajadores reiteraron que su demanda es legítima y apartidista, y que continuarán visibilizando la problemática hasta recibir una solución definitiva.
