— De un universo de 763 millones de pesos, solamente revisaron el 17 por ciento, asegura Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Comisión de Presupuesto
— Anticipa que solicitará una Auditoría Forense, para que se revise el 100 por ciento del recurso asignado al Poder Legislativo y no haya sospechas de malos manejos
Rogelio Agustín
El presidente de la Comisión de Cuenta Pública del Congreso local, Joaquín Badillo Escamilla acusó al titular del órgano fiscalizador del Poder Legislativo, Marco César París Peralta Hidalgo de haber realizado una “auditoría ligth” en la revisión de la cuenta pública 2023, lo que pondría en tela e juicio la autonomía en el desempeño de su función.
Badillo Escamilla agregó elementos a la discusión que comenzó en la sesión realizada el pasado miércoles 5 de noviembre, relacionada con la Cuenta Pública del Congreso correspondiente a 2023, cuando fue presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) la actual diputada federal por Acapulco, Yoloczin Domínguez Serna.
Badillo Escamilla refirió que el Congreso está en una posición sumamente privilegiada en materia de rendición de cuentas, “pues somos jueces y parte, auto calificadores y auto juzgadores de como nos gastamos el recurso público”.
El integrante del Grupo Parlamentario de MORENA sostuvo que si bien no existen parámetros en cuanto al segmento de recursos a revisar en cada proceso de auditoría, se deben tomar en cuenta algunos datos numéricos importante.
Por ejemplo, destacó que en 2022, cuando fue presidente de JUCOPO en el Congreso local Alfredo Sánchez Esquivel, la revisión se hizo al 28 porciento del total del recurso destinado al Congreso.
Sin embargo, en 2023, solamente se auditó el 17 porciento de los 751 millones de pesos que se asignaron oficialmente al Poder Legislativo.
Más aún, en la auditoría que reporta la ASE no se toma en cuenta el hecho de que el Poder Legislativo recibió una ampliación de recursos en casi 12 millones de pesos, quedando al final una cifra global de 763 millones de pesos.
Hubo dinero tirado a la basura
Entre los argumentos que se plantearon para justificar el recurso adicional, se encuentra el hecho de que se necesitaba dinero para la construcción de la biblioteca, que en realidad se puso en marcha en 2025 y la consulta encaminada a sustentar la reforma en materia de Derechos y Cultura Indígena.
“La muestra no es ni siquiera del 17 porciento, se convierte en una muestra de 16, porque el Congreso tuvo una ampliación de recursos por el orden de los 12 millones, entonces es evidente que se revisó menos de lo que se informó”, anotó Badillo Escamilla.
Entre los datos que “no cuadran”, mencionó lo relacionado con suministros para material de limpieza, en donde se gastaron 20 millones de pesos en un año, pero no se aportan las facturas de las adquisiciones hechas, por lo que no se tiene certeza respecto a la claridad con la que se manejaron las cosas.
Aclaró que sus observaciones no van encaminadas a polarizar, pero sostiene que es claro que no se auditó como se debía.
Negó que la auditoría esté cerrada y sus resultados sean concluyentes, como señala el titular de la ASE, pues la ley prevé que las revisiones a las cuentas de los entes objeto de fiscalización puedan revisarse hasta en un lapso de cinco años.
Recordó que a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, que maneja un promedio de 45 mil millones de pesos, se le auditó en un 40 por ciento, en tanto que al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que maneja mil millones de pesos también se le ha revisado más del 40 por ciento de su recurso.
Con esos parámetros, refirió que no existe argumento para justificar que lo revisado al Congreso sea solamente por el orden de 17 por ciento.
¿De que privilegios goza el Congreso? Cuestionó el representante popular.
Luego anticipó: “Para corregirle la plana al auditor, le vamos a pedir que haga una auditoría forense, porque existe una posible irregularidad, un presunto hecho de corrupción”.
Anticipó que la petición se hará por escrito, para que haya tranquilidad con base a los resultados de dicha revisión.
Consideró aventurado, el que el auditor sostenga que no existe ninguna irregularidad en la Cuenta Publica 2023, pues en algunos casos concretos, como los 30 millones de pesos destinados a la consulta sobre la Ley de Derechos y Cultura Indígena parece que “se tiraron a la basura” más de 30 millones de pesos, porque dicha consulta fue impugnada y sus resultados invalidados.
Joaquín Badillo advierte que el auditor del Congreso no realizó el trabajo como debía, con base a sus facultades: “creo que el actuó en base al tiempo y la circunstancia de quien era su jefe o jefa, hizo una auditoria ligth”.
Consideró importante clarificar los gastos y dejar una situación muy clara: “que aquí ya no hay manto de auto protección, compadrazgo ni favoritismos”.