— Sostienen que sí hay elementos sobre la participación del Ejército en los hechos del 26 de septiembre de 2014
— En las próximas conferencias matutinas, lo que habrá de verse son ataques contra abogados y organizaciones que los acompañan, anticipan
— No tienen más opción que mantenerse movilizados, reiteran
Rogelio Agustín
Las madres y padres de los 43 dieron por hecho que durante lo que resta de la administración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no habrá avances significativos en la investigación sobre los hechos del 26 de septiembre de 2014, por lo que no tienen más alternativa que mantenerse movilizados.
Los integrantes del colectivo que integra a los jefes de familia agraviados por los hechos suscitados hace casi ya diez años, sostuvieron un encuentro en las instalaciones de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, junto con las organizaciones que han acompañado su reclamo de verdad y justicia.
Al término del encuentro, dieron a conocer un comunicado en el que reiteran su postura: “No nos detendremos en el diagnóstico del contexto nacional, baste decir que la clase política actual pretende erigirse en la nueva hegemonía. Vuelve el presidencialismo vertical y la construcción de un partido político de estado dominante que se ha aliado con las élites económicas y los militares, por lo que difícilmente habrá cambios estructurales”.
Señalan que el partido en el gobierno, MORENA, pretende erigirse como impulsor de las luchas de izquierda, llamando conservadores a aquellos caminan por una ruta de lucha independiente y desde abajo.
“Organizaciones populares campesinas, sindicales, estudiantiles y de la sociedad civil son llamados intermediarios, siendo blanco de ataques y vituperios del poder presidencial”, anotan.
Refieren que ninguna lucha de izquierda que se emprende de manera independiente y desde abajo es válida, para la nueva élite política, pues en su lógica, todos son conservadores.
Reprochan: “Para ellos la única forma de participación válida es dentro de las coordenadas de Morena y a través del sufragio. Nada más alejado de la realidad, la participación política comicial es escabrosa y tiene bases con arenas movedizas. Las elecciones locales se ganan con dinero, terreno fértil para los grupos delictivos que se enquistan en las estructuras del estado”.
Aseguran que en los comicios de junio, el crimen organizado ganó y será gobierno en más de cinco Ayuntamientos, aunque no menciona cuales.
Lo que sí advierte, es que en dicho entramado delictivo la participación electoral pierde fuerza y legitimidad, de tal manera que “a largo plazo tendrá consecuencias funestas para la democracia”.
El gobierno no pudo
En cuanto al caso Iguala-Ayotzinapa y los reclamos que derivan del mismo, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos indican:
“En nuestro caso, este gobierno no pudo dar verdad y justicia. A la fecha no sabemos el paradero de nuestros hijos. Las investigaciones avanzaron hasta el año 2022, cuando se procesó a 20 militares y se exigió una investigación contra ellos empezaron las tensiones con el presidente”.
SEñalan que la Comisión para la Verdad y el Accesos a la Justicia (CoVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa (UEILCA) fueron desmantelados y sus titulares renunciaron en medio de las presiones y hostigamiento militar.
Como prueba de las presiones, se encuentra el hecho de que el propio ex presidente de la COVAJ, Alejandro Encinas Rodríguez fue citado para ser interrogado por los militares, mientras el presidente guarda silencio.
Las líneas de investigación que apuntan hacia la milicia, de acuerdo con las madres y padres son las siguientes: “17 estudiantes sacados de barandilla municipal; los estudiantes que fueron ingresados al 27 batallón y entregados al grupo delictivo guerreros unidos, las extradiciones de Tomás Zerón y José Ulises Bernabé permanecen sin impulso ni avances”.
Continúan: “El presidente se ha empecinado en generar un falso de debate de un supuesto intervencionismo extranjero y de las organizaciones de derechos humanos que han obstaculizado el caso, como una mera justificación de su fracaso en las investigaciones del caso Ayotzinapa”.
Por eso plantean su conclusió: “Podemos vaticinar que no habrá novedades y avances del caso en el tiempo que le resta al presidente, lo único que veremos en las mañaneras serán los vituperios contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y Vidulfo Rosales. Nada de verdad y justicia habrá, nada de nuestros hijos”.
Sí hay pruebas contra militares
Sin embargo, insisten en que existen pruebas contra el ejército y sostienen: “Tenemos prueba de que un soldado fue infiltrado en la Normal de Ayotzinapa, existen documentos militares que aprobó los cursos y exámenes como agente de contrainteligencia y que su inmediato superior informó de su desaparición el día 29 de septiembre de 2014”.
También recuerdan que hubo militares que dieron seguimiento a los estudiantes desde que llegaron a Iguala hasta su desaparición, además intervinieron llamadas de los perpetradores como la de los 17 estudiantes cuando estaban siendo trasladados de barandilla municipal.
También señala que hay datos de prueba que establecen que mandos militares del 27 batallón tenían vínculos delictivos con el grupo delictivo de Guerreros Unidos (GU), además un testigo protegido declaró que varios estudiantes fueron detenidos por los militares, ingresados al 27 batallón y entregados al grupo delictivo criminal.
Enfatizan: “Estas pruebas no dejan lugar a dudas que los militares tenían vínculos con el grupo delictivo responsable de cientos de desaparecidos en Iguala, supieron del movimiento de los estudiantes desde su salida de la normal hasta su desaparición y participaron en la detención de los jóvenes, en tal virtud, corresponde al gobierno probar la plena participación del ejército y no invertir la carga de la prueba a las madres y padres de los 43”.
En consecuencia, indican que no tienen más opción que mantenerse movilizados, particularmente de cara al décimo aniversario de los hechos registrados la noche del 26 de septiembre de 2014.
