— Las presionan para que declinen de un juicio de amparo que les permitiría seguir en la estructura del Poder Ejecutivo
— En caso de no dar marcha atrás, las amenazan con enviarlas a “zonas de castigo”
Rogelio Agustín
Abogadas que trabajan para el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Guerrero denunciaron que son objeto de amenazas por parte de su jefe inmediato, Adrián Gutiérrez Balanzar y del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez, para que desistan de un juicio de amparo que les permitiría permanecer en la estructura de la Secretaría General de Gobierno.
De acuerdo con Edith Díaz Avilés y Erika Giles Aparicio, trabajadoras del Instituto de la Defensoría Pública, desde el año 2014 se publicó una reforma legal, en donde el IDP pasa al control del Poder Judicial, dependendo del Consejo de la Judicatura.
En 2016 hubo un convenio de transición, que hasta el momento no se ha concretado.
En 2022, un sector de los trabajadores interpusieron un recurso de amparo, con el que buscaban que se les garantizaran sus derechos laborales.
Ante la presentación de dicho recurso legal, destacó que los trabajadores han sufrido actos de “amedrentamiento y acoso”.
Indicaron que a pesar de que la transición del Ejecutivo hacia el Poder Judicial no se ha concretado, el Consejo de la Judicatura ya asume el papel de patrón y nombró a un director que responde a sus intereses.
En esa parte, acusaron al abogado Adrián Gutiérrez Balanzar de amenazarlos con cambiarlos de adscripción, lo que consiste en cambiarlos del lugar en que actualmente trabajan para mandarlos a la Montaña; Tierra Caliente o la región Norte, que son consideradas en el IDP como “zonas de castigo”.
La razón por la que hay resistencia para pasar al control del Consejo de la Judicatura, señaló que consiste en el hecho de que los defensores serían juez y parte, lo que resulta absurdo y desventajoso para las personas que no pueden pagar un abogado.
“Nosotros trabajamos para defender a campesinos; indígenas, madres solteras y adultos mayores que necesitan ser defendidos y no pueden pagar un abogado, pero al pasar al control del Poder Judicial nos vamos a colocar en la posición de ser objetos de presión recurrentemente”, anotó Erika Díaz.
Entre las razones que abonan a la resistencia, está el hecho de que el Consejo de la Judicatura tendría la libertad de decidir si recontratar o no a sus trabajadores, incluso de decidir si les paga o no una liquidación cuando ya prescinda de sus servicios.
“Nos vulneran los derechos laborales, pero además no se garantiza la imparcialidad que necesitan los defendidos”, anotó Erika Giles.
Ambas dijeron que hasta el momento, el Poder Judicial de la Federación no ha resuelto el juicio de a,paro que promovieron para evitar la transición.
Aunque son 96 los abogados que forman parte del IDP, admitieron que no todos respaldan el juicio de amparo encaminado a mantenerse en la estructura de la Secretaría General de Gobierno.
Señalaron que el director del IDP les ha hecho varias llamadas telefónicas para conminarlas a declinar, incluso ha mencionado el cambio de adscripción hacia zonas de castigo.
La misma actitud le atribuyeron al presidente del TSJ y del Consejo de la Judicatura, Raymundo Casarrubias Vázquez, quien les ha dicho que “las decisiones se acatan y no se discuten”, ya que pueden ser objeto de la rescisión laboral.