— Sus mandos los citaron para un curso en Chilpancingo, ahí los detuvieron
Rogelio Agustín
Familiares de algunos de los policías detenidos por su presunta vinculación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, denunciaron que se les pretende utilizar como chivos expiatorios, ya que no tienen relación con los hechos de 26 de septiembre de 2014 ni con algún grupo del crimen organizado.
La mañana del jueves, esposa, hijos y hermanos de Juan Duran Mosso, quien se encuentra en la lista de siete policías estatales detenidos la jornada del miercoles 22 de marzo, acudieron a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar hablar con él y saber lo que sucede.
Denunciaron que los nueve detenidos se encuentran incomunicados, pero que les indicaron que durante las próximas horas van a ser trasladados al Centro de Federal de Reinvención Social (CEFERESO) del Altiplano, en el Estado de México.
Ellos señalaron que Juan Duran tiene 46 años de edad y más de 20 años ha formado parte de la Policía del Estado, sin embargo, señalaron que no hay posibilidades de que tenga alguna relación con los hechos del 26 de septiembre de 2014, ya que en ese tiempo se encontraba comisionado como escolta en Chilpancingo.
Juan, dicen que padece de ansiedad y tiene problemas auditivos.
Beatriz Duran, hermana del detenido, destacó que para lograr la detención «en paquete» de los siete estatales y los dos preventivos de Huitzuco fueron citados a tomar un curso en la Universidad Policial (UNIPOL), ubicada en la parte norte de Chilpancingo.
Otros familiares exigieron la liberación de Pablo Jiménez Morales, otro policía estatal con más de 20 años de antigüedad, quien al momento de los ataques en Iguala se encontraba adscrito en Acapulco, por lo que no existe manera de relacionarlo con la desaparición de los normalistas.
Otro de los detenidos es Ramiro Alvarado Sánchez, quien de acuerdo con su hijo, sí estaba en Iguala en la ciudad de Iguala en septiembre de 2014, pero comisionado en una dependencia, no en operativo.
«Mi papá tiene un historial impecable, no tiene problemas de adicciones y no se relaciona con personas fuera de la ley, ahora se lo quieren llevar para el Altiplano sin permitirnos verlo, eso simplemente no se vale», aseguró Román Alvarado, hijo del policía Ramiro.
Para los familiares que acudieron a la delegación de FGR, que los hayan citado a un curso de capacitación, para ahí entregarlos a las autoridades federales, es una trampa y un acto completamente irregular.
