— Sigue impune, la alteración ilegal a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero
Rogelio Agustín
Por falta de quorum, la sesión secreta en que se presentaría el dictamen de la Comisión Especial para Investigar la alteración del segundo transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado se suspendió, sin que se tenga una fecha definida para su reprogramación.
La tarde del jueves 12 de enero, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Guerrero, Yaneli Hernández Martínez clausuró la primera sesión plenaria de la jornada, en la que se trataron meros temas de rutina.
Enseguida citaron a una sesión «secreta», que se desarrollaría a partir de las 16:48 horas del mismo día.
De manera extraña, dicha sesión no se desarrollaría en la sala de Plenos, como es habitual, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) estableció como sede a la sala José Jorge Bajos Valverde, ubicada en el segundo piso del área de oficinas.
La sesión debería realizarse a puerta cerrada, sin acceso a los reporteros de la fuente y con la intención de desahogar un solo punto, la presentación del dictamen de la Comisión Especial creada para investigar la alteración ilegal del segundo transitorio de la Ley 179, del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.
Dicha comisión está presidida por la integrante de la fracción parlamentaria del PRD, Elzy Camacho Peñaloza, quien sostiene que ya entregó el original del documento que integra todas las diligencias realizadas sobre el tema.
Aunque la mayoría de los diputados locales estaban presentes en el edificio, a la sala Bajos Valverde solamente ingresaron 22, dos menos de los que se requieren para alcanzar el quorum legal.
Aunque la presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna se cuido de no otorgar entrevistas a los reporteros de la fuente, se supo que de los 22 integrantes de la bancada de Morena, solo cinco acudieron a la sala Bajos Valverde.
En la estrecha sala destinada para la sesión secreta se colocaron 41 sillas, una muy cerca de la otro y con pasillos muy estrechos para facilitar el acceso de los representantes populares.
Los espacios nunca se llenaron completamente, pues a la sesión solo ingresaron 22 de los 24 diputados que se necesitaban para alcanzar el quorum necesario para validar legamente los trabajos.
En la misma jornada del jueves se clausuró el primer Periodo Ordinario de Sesiones, en un encuentro en el que participaron 37 diputados, lo que deja en claro que hubo una intención deliberada de hacer vacío a la “sesión secreta”.
De la alteración a la Ley de Seguridad Pública
El 12 de abril de 2022, el Pleno del Congreso local sesionó para aprobar la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, pues el día 13 culminaba el plazo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para contar con una nueva legislación en la materia, de lo contrario, Guerrero se quedaría sin marco legal para la operación de sus corporaciones policiacas.
La reforma se aprobó con un margen superior a las 12 horas de espacio para que cerrara el término establecido por la SCJN, por lo que parecía que no habría problemas.
El 14 de abril, el Periodico Oficial del Gobierno del Estado publicó la ley 179, aunque con una modificación en el segundo transitorio que ampliaba el tiempo en que la legislación entraría en vigor.
Hubo entonces un diferendo entre el Congreso local y el Gobierno de Guerrero, porque ambos poderes rechazaron haber modificado ilegalmente el transitorio de referencia.
Al seno del Poder Legislativo la confrontación fue inevitable, pues la presidenta de la Mesa Directiva, Flor Añorve aseguró que siempre estuvo pendiente de que se cumpliera con el debido proceso, sin que se percatara de algún tipo de alteración.
El sectetario de Gobierno, Ludwid Marcial Reynoso Núñez tuvo que mostrar el documento original recibido del Congreso, en el que ya se observa la alteración de referencia.
Los deslindes motivaron también que el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel rechazara algún tipo de responsabilidad.
Entonces el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Héctor Apreza Patrón propuso que ante la gravedad de los hechos, propuso que se creara una comisión especial para investigar lo sucedido, para efecto de que los responsables de la modificación no gozaran de impunidad.
Evasivas ante la alteración impune
En una entrevista otorgada durante la mañana del jueves, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Leticia Ortiz Castro anticipó que el dictamen ya estaba listo en la comisión especial, aunque se abstuvo de dar a conocer el sentido en que se había elaborado.
Dijo que tras el desahogo de las diligencias correspondientes, se llegaba a la conclusión de que el Congreso había cumplido cabalmente con lo que establece la ley.
Se le preguntó entonces si la responsabilidad recaía en el Poder Ejecutivo, ante lo que respondió con evasivas.
Dijo que en todo caso, si había alguna persona interesada en el tema, siempre tendría lña posibilidad de recurrir a las instancias legales para solicitar la revisión al trabajo del Congreso.
Antes de la sesión secreta, la presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna se abstuvo de dialogar con los reporteros.
El ex presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel se mostraba sonriente, aunque también se cuidó de emitir declaraciones, solo decía “ya dije que me voy a portar bien”.
Cuando la sesión secreta se suspendió, ningún diputado quiso hablar publicamente sobre lo sucedido, por lo que se tuvo que recuperar la historia con diferentes fuentes.
La presentación del dictamen se suspendió y no se tiene fecha tentativa para desahogarlo.
La alteración de la Ley 179, que estuvo a punto de confrontar a los poderes Legislativo y Ejecutivo locales todavía permanece impune.