— “Con documentos firmados y relatorías simuladas”, dice Abel Barrera, en torno a las irregularidades sobre la consulta a pueblos indígenas y afromexicanos
— Así como en la Ley 179, en materia de Seguridad Pública, habrá impugnación contra la Ley 701 y la reforma al artículo 14 Constitucional
— “Borraron de un plumazo a la Policía Comunitaria”, la causa de la inconformidad
Rogelio Agustín
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), Abel Barrera Hernández acusó a los diputados locales de “pretender engañar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la presentación de documentos firmados y algunas relatorías, para justificar una consulta simulada”, de la que surgió la Ley 179, del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, la cual “borra de un plumazo” a la policía comunitaria.
Barrera Hernández sostuvo que los integrantes de la 63 Legislatura no cumplieron a cabalidad el mandato del máximo tribunal del país, que en 2021 ordenó garantizar a los pueblos originarios el derecho a la consulta en las iniciativas que les impactan de manera directa.
Por esa razón, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) recurrió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para promover el recurso de inconstitucionalidad 81/2022, con la que se impugnó la Ley 179, aprobada el pasado 12 de abril, misma que fue alterada irregularmente en su artículo segundo transitorio.
La SCJN ha pedido al Congreso que presente un informe en el que detalle la manera en que se realizó la consulta a los pueblos afectados, respecto a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.
Dicho requerimiento, de acuerdo con Barrera Hernández, es una muestra de que lo realizado por los diputados locales no fue más que “una simulación”.
“Nosotros lo denunciamos públicamente, porque ignoraron tanto a las comunidades indígenas como a los mismos procedimientos que pide la ley; hay protocolos internacionales de cómo se debe realizar la consulta”, anotó.
Fue pura simulación
Explicó que desde las primeras reuniones para analizar el tema, debe haber presencia de comunidades indígenas, por lo que aseguró: “Fue claro que en ningún momento estuvieron los representantes de los pueblos, nada más los usaron, la consulta del Congreso fue para usar un mecanismo que simuló visitar algunas comunidades, de convocar a una reunión y decirles queremos que firmen que venimos, casi como cuando van y los funcionarios piden que firmen por sus viáticos”, anotó.
Bajo dicha circunstancia, indicó que las casas de justicia de la CRAC acudieron ante la CNDH junto con sus abogados para presentar la acción de inconstitucionalidad, como sucedió con la reforma de 2018.
Incluso, se reunieron por lo menos con dos ministros de la SCJN y por esa razón, ahora el máximo tribunal está pidiendo que se informe con claridad cómo es que hicieron esa consulta.
Y señaló: “Esto va más allá de los documentos que ya mandaron y de los oficios firmados, ellos (los diputados) creen que con algunos papeles firmados y relatorías van a poder engañar a la Suprema Corte, cuando saben que hay protocolos muy precisos y yo creo que es la prueba mayor que tendrá el Congreso, poder mostrar lo que hicieron”.
Por lo que se observa hasta el momento, Barrera Hernández asume: “Para la Suprema Corte, es evidente que hay serias deficiencias”.
Anticipó que una ruta similar se recorrerá con el tema de la reforma a la Ley 701, sobre Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, en donde señala, se generó la misma afectación.
En los tres casos, aseveró que se trata de reformas que se hicieron de espaldas a las comunidades indígenas y los pueblos afros.
Lamentó que así como sucedió con la Legislatura 61, que tenía mayoría del PRI, la situación no varió con la 63, donde la mayoría la encabeza Morena, pues lo que queda en claro es que los diputados, “sean de los partidos que sean, tienen intereses de grupo, hacen sus propias valoraciones y no tratan de defender los derechos de las comunidades”.
Dijo que en el pasado ya se había logrado el reconocimiento al Sistema de Seguridad y Justicia de los pueblos indígenas, pero desde la 61 Legislatura lo borraron.
“La palabra policía comunitaria la borraron de un plumazo; sean de Morena; del PRI, del PAN o del PRD, todos están cortados con la misma tijera, tienen una visión racista, etnocéntrica, arrogante, intolerante, nada dialogante con los pueblos, sienten que su poder por tener recursos para hacer consultas es suficiente”.