— Existían ordenes de aprehensión rezagadas en la Fiscalía General del Estado
Jesús Dorantes
Chilpancingo, Gro.- El comandante de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) en Marquelia, Jesús “N” alias “El Chucho” es investigado por homicidio calificado y no sólo por el enfrentamiento a balazos que sostuvo con elementos de la Marina Marquelia, municipio ubicado en la Costa Chica de Guerrero.
Ramón Celaya Gamboa, vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), dio a conocer que tras la detención del mando de la UPOEG, el pasado 28 de junio, se le trasladó a Chilpancingo, dónde quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
«El Chucho» ingresó a la delegación de la FGR de Chilpancingo junto con otros siete Íntegrantes de la UPOEG, la mayoría relacionados con el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Celaya Gamboa reveló que el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación en contra del mando de la UPIEG por el delito de homicidio calificado cometido con arma de fuego.
Dicho delito se cometió en contra de Luis “N”, en el mismo municipio de Marquelia, la FGE investiga a quien resulte responsable.
Derivado de las investigaciones, el pasado 6 de julio, un Juez de Control libró una orden de aprehensión en contra del también conocido como “Comandante Calleja” o Jesús “N” por su probable participación en dicho asesinato.
De esa manera, dijo que se ha sumado un delito más al integrante de la UPOEG, lo que se suma a los señalamientos hechos por el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Berdeja, en el sentido de que algunos Íntegrantes de la UPOEG hacen el papel de base social de un grupo del crimen organizado.
Ante el cuestionamiento de si las ordenes de aprehensión que existen en contra de integrantes de la UPOEG son una represalia en contra de la autodefensa, Celaya Gamboa descartó dicho motivo.
De hecho, dijo que varias de las órdenes de aprehensión que se han hecho efectivas, tienen su origen en el rezago que se arrastra desde administraciones pasadas.
A pregunta expresa, dijo que existe un 30% de ordenes de aprehensión rezagadas y que en lo que va de la administración actual, se ha comenzado a trabajar en el desahogo de lo que se encuentra pendiente.