— Las comisiones unidas de Asuntos Indígenas y Seguridad Pública reestructuraron la Ley 701, sin realizar modificaciones de fondo
— El gran pendiente es el reconocimiento a las policías comunitarias, advierte diputado de Morena
Rogelio Agustín
Con tres votos en contra, así como el señalamiento de que no se tocó a fondo el tema de las policías comunitarias, el Pleno del Congreso local aprobó un dictamen en el que acepta de manera parcial las observaciones hechas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a la Ley 701, en materia de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
La jornada del miércoles 29 de junio, el Pleno del Congreso de Guerrero sesionó de manera extraordinaria para conocer el dictamen presentado de manera conjunta por las comisiones unidas de Seguridad Pública y Asuntos Indígenas, ambas presididas por Morena.
Las observaciones totales fueron presentadas ante la 63 Legislatura local durante la sesión del pasado 15 de junio, ya que las reformas y adiciones a la Ley 701 fueron aprobadas el pasado 24 de mayo, como parte de los trabajos legislativos derivados de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a partir del juicio de inconstitucionalidad promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En el documento del Ejecutivo local, se destaca que los diputados trabajaron la reforma a la 701 tomando como base la legislación aprobada en 2018, misma que fue invalidada por la SCJN a partir del juicio de inconstitucionalidad presentado por la CNDH, a petición de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
La CRAC se inconformó con la reforma de 2018, porque prácticamente se dejaba a su Policía Comunitaria fuera del marco legal, al no reconocer la existencia del sistema de reeducación y dejar a las policías “indígenas” solo como auxiliares de las policías preventivas municipales.
En su momento, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel explicó que los diputados no tomaron como base la legislación de 2018, invalidad por la SCJN a partir de un juicio de inconstitucionalidad.
Lo que hicieron los diputados, fue trabajar una iniciativa propia, a partir de la consulta realizada en las comunidades indígenas y afromexicanas, a partir del mandato dela SCJN.
El secretario de Gobierno, Ludwid Marcial Reynoso Núñez, aclaró que el Ejecutivo local nunca intentó vetar totalmente el trabajo de los diputados, aunque sí hacer algunas observaciones al procedimiento utilizado por los representantes populares.
La aceptación parcial
La jornada del miércoles 29 de junio, las comisione unidas de Seguridad Pública, encabezada por Joaquín Badillo Escamilla y de Asuntos Indígenas, que preside Marben de la Cruz Santiago, presentaron un dictamen conjunto en el que dan la respuesta a las observaciones hechas al decreto 183.
De primera instancia, dichas comisiones sostienen que el Ejecutivo local no especificó de manera detallada en qué consistía la observación total, lo que propició que se realizara una revisión detallada de la ley promovida por un grupo de 15 diputados de Morena, PRD, PT y PVEM en materia de Derechos y Cultura Indígena, elaborada a partir de la consulta ordenada por la SCJN.
Recordaron que la Suprema Corte establece claramente el principio de división de poderes contenido en la Constitución General de la República, lo que delimita muy bien las competencias que cada uno de ellos tiene.
Las comisiones unidas aclararon que nunca dejaron de observar lo resolución de la SCJN respecto a la invalidez del decreto 778, alusivo a la reforma a la Ley 701 que se aprobó el 24 de agosto 2018.
En el dictamen presentado este miércoles, se señala en el articulo primero de la Ley 701, que dicha ley “es de orden público e interés social y reglamentaria de la Sección II del Título Segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en concordancia con el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales de los que México es parte, y de aplicación y cumplimiento obligatorio en el Estado”.
En el articulo 2 se plantean como objetivos de la referida ley el reconocer los derechos y cultura de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas del Estado y de las personas que los integran, además de garantizar y promover el ejercicio de sus derechos civiles, económicos, sociales, culturales, ambientales y político- electorales, salvaguardando sus formas específicas de organización comunitaria, el respeto, uso y desarrollo de sus culturas, cosmovisión, conocimientos, lenguas, usos, tradiciones, costumbres, medicina tradicional y recursos; y
Establecer las obligaciones del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos para elevar la calidad de vida de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas”.
En el dictamen presentado, se anota qie el Estado de Guerrero tiene una identidad multiétnica, plurilingüística y pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, las que tienen derecho a la libertad de expresión, a la protección de sus usos y costumbres, tradiciones, lengua, religión, indumentaria, rasgos culturales y educación.
La ley reconoce y protege como originarios del Estado de Guerrero a los pueblos y comunidades indígenas Nahuas, Náhualt, Na savi o Mixteco, Me’phaa o Tlapaneco y Nn´anncue Ñonmdaa o Amuzgo, debiendo así ser identificados por parte de las Instituciones gubernamentales.
Las personas indígenas o afromexicanas del Estado de Guerrero que residan temporal o permanentemente en otros estados del país o en el extranjero, mantendrán su calidad de guerrerenses y, por tanto, su condición de ciudadanos del Estado, en los términos que al respecto establece la Constitución Política del Estado.
En el dictamen, se reitera que las policías comunitarias solamente son auxiliares de las policias preventivas, inciden en materia de prevención del delito y no se menciona el tema de la reeducación.
Del dictamen conjunto
La presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Marben de Jesús Santiago fue quien se encargó de dar lectura al dictamen que de manera conjunta se presentó con la comisión de Seguridad Pública.
Ahí se anota que las observaciones hechas por el Ejecutivo local se aceptaron parcialmente, con el apunto de que ante la ausencia de una especificación respecto a los puntos en qu se discrepó, los integrantes de las comisiones unidas tuvieron que realizar una revisión a detalle del decreto 183, que contiene la reforma de referencia.
De acuerdo con el dictamen, el documento enviado por el Ejecutivo no observa lo estipùlado en la fraccion 3 del articulo 290, lo que hubiera permitido cerrarle el paso a cualquier tipo de confusión.
En consecuencia, las comisiones unidas resolbvieron realizar un ajuste a la estructura de integracion de la ley, sin que se afecte el sentido de la misma.
De inicio, se destaca que se reformó la denominacion de la ley, que es de
Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Guerrero.
Para asegurar un trabajo que cumpliera con los parámetros que establece la norma, las comisiones se reunieron hasta en dos ocasiones, la última fue el 27 de junio, cuando se declararon en sesión permanente para dar la oportunidad de que los equipos tecnicos analizaran las consideraciones pertinentes al decreto 183.
No se tocó el problema de fondo, las policías comunitarias
Una vez que se presentó la reestructuración de la ley, se acordó regresar el decreto 183 al Poder Ejecutivo local para efecto de que se realice la promulgación correspondiente.
El único diputado que hizo uso de la palabra fue el Morenista Masedonio Mendoza Basurto, quien parafraseando a Jesús Reyes Heroles, uno de los principales ideologos del PRI señaló que en política “La forma es fondo”.
En este caso, refirió que “el fondo del problema no se tocó en la dictaminacion, que es el reconocimiento a las policias comunitarias”.
Mendoza Basurto sostuvo que siempre ha mantenido una postura muy clara respecto al tema: “El tema de fondo sigue durmiendo el sueño de algunos injustos, pero ante estos, yo seguiré pendiente y firme”.
Cuando el tema se sometió a votación, 32 lo hicieron a favor y tres se opusieron, siendo estos el propio Masedonio Mendoza y sus compañeros de bancada; Beatriz Mojica Morga y Jacinto González Varona.
