— Abuso de Autoridad, intimidación y negación del servicio público, los cargos que le imputan
Rogelio Agustín
El dirigente de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia contra la abogada Cecilia Narciso Gaytán, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), por los delitos de abuso de autoridad; intimidación y la negación al servicio público.
Chávez Adame, dio a conocer que la mañana del miércoles 25 de mayo, elementos de la FGE llegaron a su domicilio particular, ubicado en el centro de la ciudad para intimidarlo junto con su familia, por lo que responsabilizó a la titular de Derechos Humanos de cualquier situación que pudiera pasarles.
Luego, destacó que acudió a las instalaciones de la CDHEG para presentar un oficio de queja, dado que tiene que tocar a la instancia local antes de acudir a la nacional.
Sin embargo, en cuanto se le tuvo a la vista, las oficinas se cerraron y no hubo manera de que se pudiera acceder, pues se ordenó retirar hasta al personal de guardia, según Chávez Adame.
El abogado Josué Vitrago, señalo que la presidenta de la CDHEG incurrió en por lo menos tres delitos: Abuso de autoridad, intimidación y negación del servicio público.
“Decimos que cometió abuso de autoridad, pues ha utilizado los medios a su alcance para ejercer presión sobre el dirigente de la Asamblea Popular, utilizando la investidura que tiene al ser una funcionaria de primer nivel; intimidación, porque derivado de sus facultades como funcionaria publica, utiliza esos medios para intimidar al profesor, cuando la ley marca que aquella persona que tenga facultades o se aproveche de ellas para intimidar a algún ciudadano comete el delito de intimidación, otro delito es la negación al servicio público, debido al cierre de las instalaciones de la Derechos Humanos se cerró el edificio, de tal manera que se configuró ese delito”.
Indicó además, que pedirán los datos de los elementos de la Policía Ministerial que se presentaron en el domicilio de Chávez Adame, a bordo de la patrulla FGE 251, placas HF02438, que fue la que estuvo en el domicilio del dirigente de la APPG.
Dichos elementos, refirió que también fueron más allá del ámbito de sus competencias e intimidaron al dirigente social.
El abogado calificó como risorio el que se pretenda adjudicar el delito de robo al dirigente de la Asamblea Popular a partir de la toma de una bandera, pues señaló que “esa es una bandera que le corresponde al pueblo, no a la presidenta como persona”.
Destacó que no se descarta la posibilidad de dar vista de lo que sucede al Congreso local, ya que fueron los diputados locales los que realizaron el nombramiento de la presidenta de la CDHEG, precisamente, a propuesta del Asamblea Popular.
De hecho, indicó que al tratarse de conductos presuntamente delictivas de un servidor público, también se recurrirá a la Contraloría General del Gobierno del Estado, para efecto de que también tome nota de los hechos y haga lo que esté en el ámbito de sus competencias.