– Puede provocar la destitución de los 46 diputados locales y de la titular del Poder Ejecutivo local, sino se cumple la sentencia en materia de derechos y cultura de los pueblos originarios
Rogelio Agustín
Los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado Guerrero deben concretar una reforma a la Ley 701 y 777, en materia de Derechos y Cultura Indígena, así como de Seguridad Pública del Estado de Guerrero en un término de 50 días que ya están corriendo, de lo contrario, incurrirán en el desacato a una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Héctor Apreza Patrón, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local, sostiene que incurrir en el desacato a la sentencia de la Suprema Corte, puede derivar hasta en la destitución de los 46 integrantes del Poder Legislativo de Guerrero, así como de la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda.
La Ley 701, en materia de derechos y cultura indígena del Estado de Guerrero, fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a partir de la presión que ejerció la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que sostiene que al suprimir la figura de policías comunitarias dentro en dicha ley, se deja a los integrantes de dichos sistemas de seguridad alternativos en condiciones de vulnerabilidad legal, porque se presta a la criminalización.
En consecuencia, también se plantea la modificación a la Ley 777 en materia de Seguridad Pública, teniendo como límite el 14 de abril del presente año.
El tiempo corre, y de acuerdo con Apreza Patrón, opera en contra de los diputados locales de todas las fracciones parlamentarias y también del Ejecutivo local.
Para realizar las adecuaciones a dichas leyes, el Congreso debe, en coordinación con el Ejecutivo local, convocar a una serie de foros en los que participen representantes de los pueblos originarios que tienen presencia en la entidad.
El líder de la bancada del tricolor asume: “Ese es un tema central, pero además, es tan importante que cumplir el mandato de la SCJN, que en lo personal he planteado que haya una explicación a detalle, a cada grupo parlamentario, de manera tal que todos los diputados y diputadas tengan plena conciencia de lo que significa este de la Corte”.
Indica: “Para nada es un trabajo sencillo, pues en no más de 50 días debemos de concluir el diseño, la ejecución, la operación de la consulta y la aprobación de dos leyes 701 y 777”.
De no ser así, los poderes Ejecutivo y Legislativo locales, estarían desacatando la resolución de la SCJN, situación que los hace sujetos de responsabilidades muy serias.
Indicó que organizar las consultas involucra una cantidad importante de tiempo, dada la cantidad de comunidades indígenas que existen en la entidad, teniendo en cuenta las etnias que así existen y por si fuera poco, las diferencias que tienen entre sí.
Para estas alturas, refirió que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ya se puso a trabajar, sin embargo, el término de tiempo que se tiene para cumplir es muy corto y por lo tanto, es necesario acelerar el paso, pero sin descuidar los aspectos que impone la ley.
“Vamos a requerir necesariamente que haya un gran despliegue de diputadas y de diputados, así como de personal del Ejecutivo a lo largo y ancho del estado, donde hay presencia de pueblos indígenas para poder realizar las consultas que establece la norma”, anotó.
Agregó: “Estamos en una cuenta regresiva; es fundamental realizar las consultas y están por vencerse los 12 meses que nos dio la Suprema Corte, podemos llegar incluso a la destitución del pleno del Congreso y la destitución de la propia gobernadora, porque un desacato de esa naturaleza tiene implicaciones muy serias”.