— De acuerdo con el Colectivo de Víctimas Desplazamiento Forzado del país
— Piden garantías para que las familias regresen a sus pueblos, lo que pasa por evitar de manera definitiva las incursiones armadas
— Hasta el momento, los despliegues de seguridad han sido temporales
Rogelio Agustín
El Colectivo de Vícimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes (CVDFOA) consideró como insuficiente la atención que el Estado Mexicano le ha dado a la crisis generada en los pueblos de Chilapa, tras la violencia desatada los días 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de mayo pasados.
En un comunicado emitido este jueves 21 de mayo, las personas, colectivos de víctimas, comunidades y organizaciones civiles que conforman el Colectivo sobre Desplazamiento Forzado Interno, manifestaron nuestra profunda preocupación frente a lo que se refieren como “omisión, negligencia e inacción de las instituciones del Estado mexicano ante los graves ataques de la delincuencia organizada”.
La violencia generada en la víspera del Día de la Madre, señalan que provocó el desplazamiento forzado de comunidades nahuas en la región de la Montaña Baja de Guerrero, en el municipio de Chilapa.
Hacen referencia al uso de armamento de alta capacidad de fuego, además de drones con artefactos explosivos, lo que evidencia una escalada de violencia en la zona.
“Esta situación vulnera la vida comunitaria de los pueblos originarios y profundiza un contexto de violencia que no es nuevo para la región”, anotan.
También señalan que no es la primera vez que comunidades de la Montaña Baja enfrentan eventos de desplazamiento forzado, con ataques armados que derivan en e despojo territorial.
Pese a ello, sostienen que hasta el momento no ha existido una sola estrategia integral y sostenida orientada a la pacificación de la zona mediante la reconstrucción del tejido social, la prevención de las violencias y la generación de condiciones reales de seguridad comunitaria.
Indican: “La respuesta oficial con el Ejército mexicano, las Guardia Nacional y la Policía Estatal ha sido insuficiente, y se ha limitado a despliegues reactivos, temporales, predominantemente militarizados que, aunque pueden contener momentáneamente algunos hechos de violencia, no atienden las causas estructurales del conflicto ni garantizan soluciones duraderas”.
Tras algunos días en que prevalece la vigilancia, aseguran que al final las fuerzas armadas eventualmente se retiran —como debe ocurrir en un Estado democrático—, pero detrás permanece el abandono institucional, la fragmentación comunitaria y la ausencia de políticas preventivas y sostenidas.
El comunicado insiste en el hecho de que no existen actualmente planes integrales de retorno seguro, reconstrucción comunitaria ni garantías efectivas de no repetición, por el contrario, predominan acciones tardías, asistencialistas y fragmentadas que no permiten a las familias recuperar sus proyectos de vida ni restablecer condiciones básicas de dignidad y seguridad.
Plantean codiciones para frenar las incursiones armadas y garantizar el regreso a las comunidades
El Colectivo de Víctimas de Desplazamiento hace planteamientos concretos para atender el problema de manera integral y efectiva.
Plantea que haya garantías de seguridad e integridad física permanentes, lo que pasa por instalar mecanismos eficaces entre las fuerzas federales y protección civil en las comunidades afectadas, que son Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, para detener las incursiones armadas y el hostigamiento criminal de manera definitiva.
En segund lugar se pide brindar atención humanitaria inmediata e integral con enfoque de género, edad y diversidad, lo que lleva necesariamente a Suministrar de inmediato alimentos, refugios seguros y regularización educativa para niñas, niños y adolescentes.
Se pide la aAtención a personas y comunidades desplazadas sin condicionamiento de la denuncia penal, facilitar el acceso al Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) y al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI).
Indican que se debe eliminar de manera inmediata la exigencia de una denuncia penal como condición para recibir asistencia material y de protección.
Proponen la integración de una mesa de trabajo coordinado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) con participación directa y representativa de las víctimas, autoridades comunitarias, actores sociales reconocidos en la región y organizaciones acompañantes.
La puesta en marcha de un protocolo especializado en salud mental y apoyo psicosocial para resarcir el daño acumulado por la exposición prolongada al miedo y la ruptura del tejido comunitario.
Lo ocurrido en la Montaña Baja, de acuerdo al colectivo, pasa por la ausencia de una Ley general contra el Desplazamiento Forzado Interno en México, que lo tipifique como delito, conforme un registro nacional de personas desplazadas internas y establezca las competencias institucionales para la prevención, atención y restitución de derechos violentados, por esta que es una grave violación a los derechos humanos.