— En el Congreso local, recuerdan que Guerrero es una de las entidades que más problemas presentan por la comisión de dicho delito, que es grave
— La movilidad y división en los pueblos de Chilapa, el caso más reciente y visible
Rogelio Agustín
Ante el pleno del Congreso local, la perredista Erika Isabel Guillén Román presentó una iniciativa de reforma a la Ley Número 450 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con el objetivo de fortalecer el derecho a la reparación integral de las personas que son víctimas de desplazamiento forzado interno.
La legisladora del sol azteca advirtió que el desplazamiento forzado en Guerrero ha dejado de ser un fenómeno aislado, para convertirse en una grave crisis humanitaria derivada de la violencia que prevalece en distintas regiones de la entidad, particularmente en comunidades de la Sierra y municipios indígenas como Chilapa.
Sostuvo: “Hay comunidades en Guerrero donde el silencio ya no representa tranquilidad. Lugares donde la vida cotidiana fue sustituida por la incertidumbre permanente”.
Explicó que las disputas territoriales entre grupos armados, las amenazas directas contra la población y la ausencia de condiciones efectivas de seguridad, han obligado a cientos de familias a dejar sus hogares y pertenencias para proteger su vida y la de sus seres queridos.
Recordó que entre 2011 y 2017, Guerrero se posicionó como uno de los estados con mayor número de desplazamientos forzados internos en el país, junto con entidades como Tamaulipas, Coahuila y Michoacán, registrándose al menos 135 episodios relacionados con este fenómeno.
Recordó que hay datos del INEGI que reflejan una disminución drástica de población, en consecuencia, un incremento de viviendas abandonadas en comunidades serranas durante el Censo de 2020, situación vinculada directamente a los contextos de violencia.
Chilapa es el caso más reciente, pero hay más
La legisladora también hizo referencia a los recientes hechos ocurridos en comunidades indígenas de Chilapa, donde alrededor de 800 familias se vieron obligadas a huir debido a los enfrentamientos armados.
Indicó que el desplazamiento forzado constituye una violación múltiple y continuada de derechos humanos, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar mecanismos efectivos de reparación integral.
Así, se señala que la iniciativa propone reformar el artículo 14 y adicionar un artículo 14 Bis a la Ley de Víctimas del Estado, incorporando el concepto de “proyecto de vida” desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual reconoce que las víctimas no sólo pierden bienes materiales, sino también expectativas de desarrollo personal, familiar, educativo, laboral y comunitario.
Enfatizó: “Reparar no significa únicamente indemnizar. Reparar implica reconstruir condiciones de existencia y devolver posibilidades reales de desarrollo humano”.
La iniciativa contempla que las medidas de reparación integral sean adecuadas, efectivas, diferenciadas y transformadoras, además de establecer acciones específicas para garantizar retorno digno y seguro, acceso a vivienda, salud, educación, alimentación, empleo y atención psicosocial para las víctimas.
Prevé medidas para la reconstrucción del tejido comunitario y garantías de no repetición.
La diputada Guillén afirmó que el desplazamiento forzado no puede seguir siendo atendido únicamente desde una lógica asistencial, al señalar que “detrás de cada vivienda abandonada existe una familia desplazada; y detrás de cada víctima existe una vida que merece ser reconstruida con dignidad”.
La propuesta fue turnada a las comisiones de Derechos Humanos y Justicia.
