— Liberaron sus pagos tras cuatro días de movimiento
Cristina Serrano
Tlapa de Comonfort, Gro., 21 de noviembre de 2025. En el centro de Tlapa de Comonfort, trabajadoras del Programa para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de la Mujer del Gobierno del Estado realizaron un pronunciamiento público para denunciar la “grave afectación laboral e institucional” derivada del retraso de pagos durante varios meses.
El posicionamiento fue presentado por personal del Centro de Justicia para las Mujeres de la Región Montaña, del Centro Comunitario Gu’wa Kuma, Casa de los Saberes, en Ayutla de los Libres, y del Componente de la Estrategia Integral para la Justicia y Bienestar de Mujeres y Niñas de Montaña y Costa Chica, quienes informaron que, tras cuatro días de paro laboral indefinido, finalmente recibieron los salarios adeudados. Sin embargo, subrayaron que el depósito tardío confirma la “falta de responsabilidad administrativa” y constituye un acto de “violencia económica e institucional”.
Las trabajadoras señalaron que la incertidumbre salarial afectó gravemente su estabilidad económica, emocional y profesional. Además, manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que esta situación vuelva a presentarse en los meses de noviembre y diciembre, lo que podría comprometer la continuidad de los servicios esenciales que prestan en regiones con altos índices de violencia y marginación.
Recordaron que Guerrero tiene dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, por lo que calificaron como inaceptable que los programas destinados a la atención de víctimas operen sin seguridad presupuestal. “No basta con promover derechos; es obligación del Estado garantizarlos y sostenerlos”, expresaron.
Solicitudes al Gobierno del Estado
En el documento público, el personal demandó a la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda y al secretario de Finanzas, Raymundo Segura Estrada, lo siguiente:
- Garantizar por escrito la puntualidad en los pagos de noviembre y diciembre.
- Establecer un mecanismo estable y verificable que asegure la continuidad financiera de los programas.
- Otorgar una audiencia directa con la Gobernadora y el Secretario de Finanzas para prevenir nuevos retrasos, garantizar el uso adecuado de los recursos etiquetados y asegurar que no existan represalias contra el personal que participó en el paro.
Las trabajadoras destacaron que la falta de pago no puede considerarse un simple retraso administrativo, sino una violación a derechos laborales y un riesgo para la atención que brindan a mujeres, niñas, adolescentes y niños en situación de violencia en la Montaña, Costa Chica y Ayutla.
