Jesús Dorantes / Chilpancingo
Integrantes del colectivo de familiares de personas desaparecidas “Guerrero No+ Desaparecidos”, denunciaron públicamente malos tratos, negligencia institucional y falta de condiciones mínimas durante las excavaciones realizadas en fosas clandestinas localizadas en una zona rural del municipio de Tixtla.
Las mujeres que participan en las jornadas reclamaron que han sido revictimizadas por personal ministerial y que el proceso de búsqueda se ha desarrollado entre el desorden, la improvisación y la ausencia de personal especializado.
En rueda de prensa, Betsy Malivu Munivez, integrante del colectivo, relató que el Ministerio Público intentó suspender los trabajos pese a los acuerdos previos, bajo el argumento de que “no se podía trabajar” debido al lodo y la humedad del terreno.
“Nos dijeron que si queríamos irnos, pues que nos fuéramos. ¿Así nada más? Nosotras tenemos derecho a seguir buscando”, expresó una de las madres que acompañaron a Betsy en el encuentro con los medios.
Las familias acusaron que desde el inicio de esta etapa de búsqueda, han enfrentado contratiempos provocados por una funcionaria que “se asumió como máxima autoridad” y que “las revictimizó constantemente”.
Exigieron al fiscal Zipacná Jesús Torres Ojeda, que coloque personal con sensibilidad y formación en materia de derechos humanos.
“Queremos que se pongan en nuestros zapatos. No venimos a pasear, venimos a buscar a nuestros hijos”, reclamaron.
Durante las excavaciones, dijeron que se han localizado restos óseos que podrían corresponder a por lo menos tres personas.
Uno de los cuerpos estaba esposado, lo que evidenciaría un contexto de violencia extrema. También se encontraron casquillos, botas y fragmentos de ropa, entre ellos un pantalón de mezclilla reducido a hilos.
“Podría ser mi hijo, o el hijo de cualquier compañera, esto no es un trámite administrativo, es dolor todos los días”, insistieron.
A las condiciones precarias del terreno, se suma la falta de equipo adecuado, por lo que las madres buscadoras pidieron toldos reforzados, palas y herramientas adecuadas, así como transporte para los peritos, luego de denunciar que vehículos oficiales sí fueron usados para actividades personales.
“Vimos videos donde peritos estaban tomando en una cancha. No nos importa que beban, pero ahí andaban con la camioneta oficial, ¿y para el trabajo no hay vehículos?”, cuestionaron.
También señalaron la falta de antropólogos forenses, pues varios han renunciado en medio de una crisis operativa en servicios periciales.
De los cinco equipos que supuestamente existen, las familias sólo han visto dos en campo y sin los especialistas necesarios para procesar adecuadamente los restos. “No se trata de que renuncien los que ya están capacitados, pónganles voluntarios que aprendan, pero no nos manden a gente sin compromiso. Si algo les pasa, nadie los va a respaldar”, advirtieron.
En paralelo, los integrantes del colectivo explicaron que han solicitado la creación de un centro de identificación forense en Guerrero, aunque reconocieron que el proceso está estancado por falta de recursos y por las recientes reformas federales.
“Tenemos que redactar todo con precisión técnica. Una palabra mal usada, y se cae todo”, explicó una de las voceras.
Los colectivos iniciaron los trabajos en la zona desde el 28 de mayo y hasta la fecha no se ha designado una persona responsable que dé seguimiento integral a la búsqueda.
“Cada día nos cambian de personal, no hay continuidad, no hay registros completos. Así no se puede trabajar”, dijeron.
