— Advierte que el órgano autónomo no puede ser dirigido por alguien que no tiene residencia minima de 5 años en Guerrero
Rosario García Orozco
El aspirante a Fiscal General del Estado, Pablo Andalón Sotelo negó tener conflicto de intereses con ese órgano autónomo, como se difundió en algunas publicaciones periodísticas y de redes sociales.
«Pablo Andalón no tiene ningún conflicto de intereses con la FGE, porque sólo brindé apoyo moral a los trabajadores para que los voltearan a ver en el Congreso del estado, yo no represento legalmente en las demandas laborales a los empleados, no soy extrabajador de la Fiscalía y no hay ningún conflicto de intereses», insistió.
En conferencia de prensa, agregó que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe ser dirigida por alguien que no cumpla con todos los requisitos que marca la convocatoria que emitió el Congreso del estado, como ser residente de la entidad con un mínimo de cinco años.
«Es importante que se respete el requisito de residencia de por lo menos cinco años en Guerrero, como lo pide el artículo 21 Constitucional, porque de esa manera la persona designada sabrá qué problemática tiene la entidad, no puede venir alguien improvisado simplemente y decir vengo, me siento, no conozco el sistema penal acudatorio, no conozco la cadena de costodia, los problemas laborales, deficiencias de la Fiscalía y no sé de problemas sindicales, entre otros temas, ahorita la Fiscalía está devastada», expresó el abogado.
Dijo que tiene 20 años de servicio como abogado y ser originario del Puerto de Acapulco, además de ser el presidente de la Barra del Colegio de Abogados en ese puerto y formar parte del Consejo Ciudadano de Seguridad del Estado y del Grupo Aca.
Pablo Andalón sostuvo que la FGE «cayó en un bache durante dos años. En Acapulco tenemos 14 agencias del Ministerio Público cerradas, no sabemos cuál es el motivo, Otis no fue; además existe una violación a los derechos laborales, por los despidos injustificados de más de 700 trabajadores administrativos y operativos”.
Comentó que desde hace 2 años fueron dados de baja trabajadores que tenían 20 y 25 años laborando, y que estaban a punto de pensionarse, “la exfiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón pidió su derecho de audiencia constitucional antes de ser removida del cargo y ella no les brindó ese derecho a los trabajadores”.
Exhortó al Congreso del Estado a tener mucho cuidado al momento de elegir a la persona que llevará las riendas de la FGE, y mencionó que se inscribieron cinco militares en la lista de aspirantes, y «sería lamentable que eligieran a alguien con formación militar, porque Guerrero está ahora en el ojo del huracán, porque no sabemos como van a reaccionar los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, se tiene que ser muy cuidadoso porque hay organismos internacionales viendo hasta acá, porque hay denuncias de violación de derechos humanos».