Suspenden labores en Palacio de Justicia de Iguala, ante posible irrupción de normalistas

— Los embates de los estudiantes se registran cada año

Jesús Dorantes

Chilpancingo, Gro.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) suspendió labores los días 26 y 27 de septiembre en el Palacio de Justicia de Iguala de la Independencia, ante la posible irrupción de normalistas rurales, en el contexto del noveno aniversario de los ataques registrados la noche del 26 de septiembre de 2014.

Por medio de una circular, se informó la suspensión de las actividadescon el aval del Consejo de la Judicatura Estatal, el cual “determino decretar como inhábiles los días 26 y 27 de septiembre del año en curso, para los juzgados; Tribunal Laboral, la Tercera Sala Penal, la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Centro de Convivencia Familiar Supervisada, entre otras oficinas.

El inmueble que se encuentra ubicado carretera Chilpancingo-Iguala, kilómetro 98 en la colonia Floresta, donde un autobús de estudiantes de Ayotzinapa fue interceptado por presuntos elementos de la policía preventiva de Huitzuco de los Figueroa, la noche del 26 de septiembre de 2014.

El 27 de septiembre del 2022, los estudiantes derribaron las entradas principales con ayuda de un camión de refresco y una camioneta de una empresa privada, a los que finalmente les prendieron fuego.

Ese día también lanzaron explosivos caseros dentro de las instalaciones, que ya se encontraban vacías.

El documento también se especifica qué “ante la eventualidad de que el inmueble denominado Palacio de Justicia Iguala, sea objeto de actos vandálicos derivado de las protestas que diversas organizaciones sociales llevarán a cabo en esa localidad los días 26 y 27 de septiembre del presente año, con motivo del noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa”.

Con la suspensión de labores advierte el Poder Judicial que se evitaran “riesgos a la integridad física de empleados públicos y usuarios del servicio de justicia”, como ha ocurrido en años anteriores.

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