— Mesa para la Construcción de la Paz indica rechaza señalamientos dirigidos contra la FGE
— Recuerda que costitucionalmente, es la institución encargada de investigar y perseguir los delitos
— Si hay irregularidades, deben denunciarse ante las instancias correspondientes
— Los presidentes de Tlapehuala, Pungarabato y Coyuca de Catalán se mantienen al frente de los bloqueos, que ya cumplieron 24 horas
Rogelio Agustín
La Mesa para la Construcción de la Paz rechazó los señalamientos hechos por los alcaldes de Tlapehuala, Pungabato y Coyuca de Catalán, que desde la tarde-noche del viernes 28 de abril encabezan el bloqueo a la carretera federale que comunica con el vecio estado de Michoacán, reclamando la suspensión de los operativos implementados por la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo con la Mesa para la Construcción de la Paz, las acciones desplegadas por sus diferentes instituciones, entre ellas la FGE, se realizan con la intención de brindar seguridad a la población de los municipios que se ubican en las regiones Norte, Tierra Caliente y la Sierra.
Se trata de un corredor que desde hace varios meses disputan dos grupos delictivos; La Familia Michoacana y Los Tlacos, que antes de chocar, tuvieron pugnas con otras organizaciones criminales para asumir el control de amplias zonas del estado.
El interés de expanderse, principalmente hacia la Costa Grande, ha propiciado que desde noviembre de 2022 se desatara la confrontación entre dichas organizaciones.
Es así como la jornada del 8 de abril, en San Miguel Totolapan, un grupo de 11 presidentes y presidentas municipales, tres diputadas y diputados locales más un federal, redactaran un documento dirigido a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para solicitarle una audiencia.
En dicho texto informan que han recibido amenazas del grupo conocido como “Los Tlacos”, grupo que les ha dejado claro que en caso de ser detectados en los tramos carreteros que controlan, en las rutas que lleva hacia Iguala y Chilpancingo, podrían ser objeto de atentados que pondrian en riesgo su integridad personal.
De acuerdo con los jefes de cabldo y representantes populares amenazados, la reunión debería desarrollarse en Apaxtla, municipio del que fueron expulsados células de “Los Tlacos” en enero de 2023.
La gobernadora aceptó la reunión pero esta no se desarrolló en Apaxtla, sino en las instalaciones del cuartel del 34 batallón de infantería del Ejército Mexicano, ubicado en Ciudad Altamirano, cabecera municipal de Pungarabato la jornada del jueves 27 de abril, en una zona que se indica, está controlada por La Familia Michoacana (FM).
La reunión se prolongó durante más de tres horas y de los acuerdos se supo muy poco, salvo el contenido de un comuicado emitido la noche del jueves, en el que se señala que las acciones de seguridad, prevención del delito y recuperación del tejido social se vana a mantener en la zona.
Los aseguramientos que detonaron los bloqueos
Para la tarde del viernes 28 de abril, se informó que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) habían asegurado cinco vehiculos de lujo en una bodega ubicada en la periferia de Ciudad Altamirano.
Se trataba de dos camionetas clásicas, dos vehiculos de la misma gama, con evidentes trabajos de restauración y una unidad tipo Hummer, los que fueron colocados en grúas y trasladados hacia Iguala con el resguardo de personal de la Guardia Nacional (GN).
En poco tiempo, organizaciones de transportistas se apoderaron de los tramos carreteros que van hacia Coyuca de Catalán, Tlapehuaja e Iguala, sin embargo no lograron interceptar a las grúas que trasladaban las unidades aseguradas.
Una vez que las carreteras fueron cerradas, el Gobierno de Guerrero informó que de manera evidente, habìa grupos del crimen organizado que se encontraban azuzando a los choferes para cerrar la vialidad.
En Acapulco, el secretario general de Gobierno, Ludwid Marcial Reynoso Núñez declaró que de ser necesario, se revisarían las concesiones de las unidades que participan en los bloqueos, para efecto de analizar la posibilidad de revocarlas, habida cuenta de que participaban en acciones que se encuentran fuera del marco legal.
Se suman los alcaldes
La misma tarde del viernes, los presidentes municipales de Tlapehuala, José Luis Antúnez; Cuauhtñemoc Mastachi de Pungarabato y Eusebio Echeverría Tabares de Coyuca Catalán.
Los jefes de Cabildo no llegaron solos a los puntos de bloqueo, en todos los casos se encuentran acompañados de funcionarios y trabajadores de sus respectivas comunas.
“Tuvimos la reunion con la gobernadora (Evelin Salgado) para hablar sobre las amenazas del grupo de los Tlacos, pero solo recibimos atropellos, señalamientos hacia los presidentes de parte de la fiscal (Sandra Luz Baldovinos Salmerón”, reprochó ante los medios el alcalde de Pungarabato.
El primer edil acudió al punto en donde se cerraba la carretera para denunciar que el personal de la FGE llegó a Pungarabato para cometer diferentes abusos.
“Están deteniendo gente sin órdenes de aprehensión, vienen a robar porque no traen ordenes de cateo, yo tengo que salir con la reponsabilidad qdel cargo que me dio la gente”, indicó.
El mismo discurso replicaron sus homólogos de Tlapehuala y de Coyuca de Catalán.
Para la mañana del sábado 29, la diputada local por el PRD, Elzy Camacho Pineda se sumó a las críticas dirigidas en contra de la FGE y justificando los bloqueos que visiblemente encabezan los presidentes municipales.
“Entendemos la importancia de investigar cualquier hecho que pueda ser considerado delictivo, sin embargo, consideramos que la forma en que han llevado a cabo estas investigaciones es contraria a los principios de transparencia, justicia y respeto a los derechos humanos, pues están ocurriendo un sinfín de violaciones a los derechos humanos de nuestra gente, como saqueos, allanamientos sin órdenes de cateo, poniendo en la misma balanza a justos con pecadores”, señaló la diputada local.
Están fuera de la ley, les indican
La media noche del viernes, las corporaciones incorporadas en Mesa Central para la Construcción de la Paz acordaron mantener presencia y redoblar las acciones ante los bloqueos de transportistas registrados en diversos puntos de la región.
En el comunicado, se anota que la Fiscalía General del Estado “es y será respetuosa de los derechos humanos”, por lo que anotan que hay un rechazo “hacia los señalamientos que realizan algunas autoridades municipales, las cuales encabezan actos constitutivos de delito al afectar las vías de comunicación a través de bloqueos que perjudican las actividades de la ciudadanía y obstaculizan las labores de seguridad y en materia de procuración de justicia, además de las acciones de prevención del delito”.
Se insiste en que las funciones de la FGE tienen un carácter constitucional, en el sentido de investigar y perseguir el delito, dentro del marco del proceso penal acusatorio para el esclarecimiento de los hechos.
En consecuencia, se invita a la ciudadanía a realizar las denuncias correspondientes, en caso de que haya un mal ejercicio del servicio púbico.
