Crean Comisión Especial para investigar la alteración de la Ley de Seguridad Pública de Guerrero

– La preside Elzy Camacho Peñaloza, diputada del PRD, pero en la integración hay dos diputados de Morena, una del PT y una más del PRI

Rogelio Agustín

La perredista Elzy Camacho Peñaloza presidirá la Comisión Especial que se encargará de investigar la alteración de la Ley 179, en materia de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, la cual tiene un plazo de 45 días naturales para informar sobre los autores materiales e intelectuales del hecho, que representa un grave antecedente para el Poder Legislativo de Guerrero.

La creación de dicha comisión fue propuesta en tribuna por el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Héctor Apreza Patrón, no hubo debate y se votó por unanimidad, aunque para consensar la redacción del acuerdo fue necesario pausar la sesión del miércoles 27 de abril por espacio de 90 minutos.

En el arranque de su exposición, Apreza manifestó que las formas de actuación de los actores del Congreso, deben estar siempre en el marco de la ley, lo que implica que ningún acuerdo se debe trabajar fuera de ella.

“Aquí las decisiones se toman por consenso, el Poder Legislativo no es unipersonal como sí lo es el Ejecutivo”, aclaró.

Recordó frases dichas por diputadas y diputados locales durante la semana pasada, cuando coincidieron en que la alteración al segundo transitorio de la Ley 179, es un hecho grave del que no se tiene antecedente, de tal suerte que no debe quedar impune.

Por ejemplo, Leticia Castro Ortiz, de Morena manifestó que la soberanía del Congreso fue vulnerada y no debe quedar en la impunidad, en tanto que su compañera Gloria Citlali Calixto reprochó la actitud de quienes pretendían minimizar la alteración de la ley.

Incluso, el coordinador de la bancada del PRD, Raymundo García Gutiérrez manifestó que en dicho instituto político existe la determinación de que se debe investigar a fondo y sancionar a los responsables.

Este miércoles, Apreza destacó que la comisión especial debe realizar una investigación a fondo para determinar con certeza quienes fueron los autores materiales e intelectuales de la modificación al transitorio de la Ley 179.

Para la integración, dijo que se buscó el acuerdo entre los coordinadores de fracción y representantes de partido, lo que tuvo complicaciones, pero al final de cuentas se consiguió.

Para que el asunto se pudiera desahogar, los diputados fueron a un receso pactado inicialmente para diez minutos, pero en realidad se prolongó por espacio de hora y media, tiempo en el que los cabildeos entre las bancadas de Morena, PRI y PRD fueron constantes.

Elzy Camacho, la encargada de conducir los trabajos

En la propuesta leída por el líder de la bancada del tricolor, se anotó como presidenta de la Comisión Especial a la diputada del PRD Elzy Camacho Peñaloza, quien estará acompañada de los integrantes de Morena; Antonio Helguera Jiménez y Leticia Castro Ortiz, también se sumaron la representante del PT, Leticia Mosso Hernández y la priista Gabriela Bernal Reséndiz.

Hasta el momento de la sesión no se definía sobre quien recaería la Secretaría Técnica de la misma.

Una vez que la comisión quedó instalada, inicia un periodo de 45 días naturales para que se presente el resultado de la investigación realizada, la cual tiene como finalidad llegar a la verdad de los hechos y sancionar a los responsables.

Para el promotor de la comisión, es necesario avanzar en el proceso de regresar la certeza jurídica al Congreso y al estado de Guerrero.

Indicó: “En estos momentos en Guerrero hay una evidente falta de certeza jurídica, pues la ley que aprobamos no es la ley que se publicó (en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, algunos dicen que incluso no hay ley vigente, por eso insistimos en que hace falta certeza jurídica, lo que es altamente complicado para Guerrero”.

La coincidencia que prevaleció en el Congreso, es que modificar el texto de una ley es grave, pues trasciende la esfera política del Congreso y por lo tanto, en los trabajos que se realicen no debe haber simulaciones.

“Nadie debe arrastrar al Congreso ni al estado hacia la ilegalidad, por eso exigimos que se llegue hasta las ultimas consecuencias”, apuntó.

La propuesta se aprobó con 36 votos a favor y ninguno en contra, lo que implica unanimidad.

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